Fiscalía de Beni investiga tráfico de tierras y organización criminal relacionada con acuerdos con Kailasa
El caso afecta a comunidades indígenas en Beni y Pando, con la participación de dirigentes de pueblos originarios.
El Fiscal Departamental de Beni, Gerardo Balderas, anunció la apertura de una investigación sobre el delito de tráfico de tierras y organización criminal, tras descubrirse acuerdos de arrendamiento perpetuo de territorios en favor del ficticio Estado de Kailasa. Estos acuerdos fueron suscritos con los dirigentes de los pueblos baure y cayubaba en Beni, así como con los esse ejja en el Territorio Indígena Multiétnico 2 (TIM 2) en Pando.
El caso se centra en los contratos bilaterales firmados, que, según Balderas, fueron realizados sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), violando la normativa boliviana sobre la propiedad de tierras. La denuncia inicial fue presentada por la Unidad del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y, posteriormente, respaldada por la diputada María René Álvarez de Creemos.
La Fiscalía investigará los posibles delitos relacionados con el tráfico de tierras y la organización criminal que afectaron a comunidades indígenas de la región amazónica boliviana. Los acuerdos en cuestión implican la cesión de tierras indígenas a un Estado extranjero, algo que contraviene las leyes del país.
Además, el lunes pasado, la Dirección General de Migración (Digemig) de Bolivia confirmó la expulsión de 12 mujeres, de origen chino e indio, miembros de la secta Kailasa. Se espera que las autoridades identifiquen a otros miembros de este grupo en territorio boliviano.
La Constitución Política del Estado establece que los extranjeros no pueden adquirir tierras del Estado, protegiendo la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas y campesinas. Según la Ley 1715, los territorios indígenas y las propiedades comunitarias son intransferibles, y el tráfico de tierras es un delito sancionado con prisión de 3 a 8 años, de acuerdo con la Ley 477.
La investigación de la Fiscalía sigue en curso y se espera que las acciones legales continúen para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.