Abogado acusado de legitimación de ganancias ilícitas defendió a Luis Arce en 2020

Martín Daniel I.F., investigado por sus movimientos financieros, aparece en imágenes junto al presidente Arce durante la campaña electoral.

Jueves, 26 de diciembre de 2024 (El Deber).- El caso del abogado Martín Daniel I.F., acusado de legitimación de ganancias ilícitas, tomó un giro inesperado este jueves, luego de que salieran a la luz imágenes y declaraciones que lo vinculan como defensor legal del actual presidente Luis Arce en 2020, durante su campaña electoral, y de Patricia Hermosa, directora del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Prensa Libre

Una fotografía difundida muestra a Martín Daniel acompañando a Arce en su llegada a la Fiscalía de La Paz el 29 de enero de 2020. En ese entonces, Arce, recién llegado de Argentina, fue notificado por el delito de incumplimiento de deberes en el marco del desfalco al Fondo Indígena. Videos de medios de comunicación de la época confirman la presencia del abogado durante este episodio.

En esos días, la situación de Arce se desarrollaba en un contexto político y social tenso, mientras asumía su candidatura presidencial por el MAS. Paralelamente, el 31 de enero de ese mismo año, Patricia Hermosa, exjefa de gabinete de Evo Morales, fue aprehendida acusada de sedición y terrorismo. Martín Daniel I.F. también asumió su defensa legal, argumentando que no había fundamento para un juicio abreviado porque Hermosa no tenía participación en los delitos imputados.

Actualmente, Martín Daniel es investigado por la legitimación de ganancias ilícitas tras ser sorprendido intentando adquirir un vehículo de alta gama, presuntamente con recursos que no se justifican con sus ingresos declarados. Las investigaciones indican que, además de su vínculo con Arce, el abogado habría formado parte del equipo legal del expresidente Evo Morales.

Pese a su notoriedad en estos casos, no existe registro oficial de que Martín Daniel haya trabajado dentro de la estructura estatal, según los datos de la Contraloría General del Estado.

El caso continúa generando controversia, no solo por las acusaciones contra el abogado, sino también por los vínculos que tuvo con figuras clave del Movimiento al Socialismo, lo que ha despertado cuestionamientos en el ámbito político y social.