Denuncian que hubo posibilidad de fuga de residencia mexicana

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El Gobierno denunció ayer que hubo la “posibilidad” de fuga de las exautoridades asiladas en la residencia de México, en la ciudad de La Paz, de acuerdo con la información policial recibida y que por ello se activaron los mecanismos de seguridad. El martes, también informó que se reforzó el resguardo porque había información de que grupos sociales se dirigían a la legación para exigir la salida de los protegidos por el Gobierno mexicano.

“Ha existido información sobre la posibilidad de que alguna gente que tiene cuentas pendientes con el país hubiera pretendido abandonar estas oficinas (legación mexicana) y por supuesto ahí se activaron los mecanismos de seguridad porque no lo vamos a permitir”, sostuvo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, a radio Panamericana.

Se conoce de manera extraoficial que en la embajada mexicana se encuentran los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, César Navarro, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz; también Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro, Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural; y Nicolás Laguna, exdirector de Agetic.

Las exautoridades están implicadas supuestamente en actos de sedición y terrorismo, hechos que son investigados por el Ministerio Público desde antes y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia el 10 de noviembre por fraude electoral.

Hay “instrucciones judiciales, se han emitido mandamientos en contra de los fugitivos de la justicia boliviana que tienen la obligación de presentarse ante la justicia y como no lo pretenden hacer de manera voluntaria, tendrán que cumplirse los mandamientos de aprehensión”, dijo Santamaría.

Explicó que el Gobierno mexicano no es recíproco con Bolivia que extendió salvoconductos para varias personas que exigieron abandonar el país. “Exhortamos a México que en materia diplomática y bajo los principios de reciprocidad ellos más bien coadyuven como poner a disposición (de la justicia boliviana) a quienes tienen requerimientos judiciales y dejen de seguir protegiendo”.

El refuerzo policial

El martes, el secretario privado presidencial, Erick Foronda, informó que organizaciones sociales exigen la expulsión de la residencia mexicana del exministro Juan Ramón Quintana, que tiene un mandamiento de aprehensión por delitos de sedición, terrorismo y alzamiento armado. “El Gobierno comunica que ha recibido información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales de la ciudad de El Alto conjuntamente con un grupo de Omasuyos en el departamento de La Paz, denominado Ponchos Rojos, quienes, según esta información, se aprestan a marchar hacia la residencia de la Embajada de México con el objeto de exigir la expulsión del exmilitar y exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana”, manifestó entonces.

Sobre este particular, Santamaría sostuvo que al Gobierno boliviano le corresponde brindar protección a la legación diplomática en cumplimiento de normas internacionales. “Bolivia tiene la obligación de dar seguridad a los diplomáticos y eso está haciendo y desplegando personal necesario para cumplir esos acuerdos”.

Santamaría mencionó que México así como “ejerce su soberanía abriendo la puerta a quienes les parezca adecuado, nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho y nuestra soberanía en nuestro territorio para dar seguridad a esa instalación y al resto de los vecinos” de posibles agresiones.

Policía exige la entrega de políticos

La Policía exigió el martes a la Embajada de México entregar a las exautoridades bolivianas, que desde el pasado 11 de noviembre se asilan en esa legación diplomática, ubicada en la zona Sur de la ciudad de La Paz, y negó “acoso” a la representación del mencionado país.

“Yo no creo que acosados se puedan sentir los personeros de la Embajada de México, más bien ellos deberían colaborar con la justicia boliviana y entregar a las personas que se refugian al interior de la legación diplomática”, sostuvo el comandante departamental de la Policía de La Paz, William Cordero.

Cordero insistió en que no se trata de “acoso” porque simplemente la institución del orden cumple su trabajo y la misión encomendada en la Constitución que es hacer cumplir las leyes vigentes. “Bueno, como Policía estamos cumpliendo con la misión constitucional, acatar y hacer cumplir las leyes. En este caso, existen mandamientos de apremio que debemos dar fiel cumplimiento para ponerlos ante las instancias del Ministerio Público”, manifestó el jefe policial en la sede de Gobierno.

Pagina Siete.