Abogado denuncia irregularidades en el TCP tras designación de Gonzalo Hurtado como presidente
- Paul Franco advierte “movimientos extraños” y el Gobierno reconoce una “crisis institucional” en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
El abogado Paul Franco expresó su preocupación ante lo que calificó como «movimientos extraños» luego de la designación de Gonzalo Hurtado como nuevo presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La decisión, que generó controversia, fue criticada por el Gobierno, que reconoció una “crisis institucional” y pidió una pronta resolución interna del conflicto.
En una carta dirigida al ministro de Justicia y Transparencia, César Siles, Franco denunció posibles actos irregulares relacionados tanto con la designación de la Decanatura como de la Presidencia del TCP. Según Franco, estos hechos contradicen las normativas vigentes y afectan la institucionalidad del órgano judicial.
El ministro Siles, al referirse al tema, afirmó: “Evidentemente, estamos en una crisis institucional que espero que al interior del Tribunal Constitucional pueda resolverse inmediatamente, a la mayor brevedad, y con la mejor celeridad”. Asimismo, anunció que solicitará al TCP un informe detallado de los acontecimientos registrados la pasada semana, lo que permitirá al Gobierno adoptar una posición más clara sobre el tema.
Franco, quien aún ostenta el título de presidente del TCP, se encuentra actualmente representando a Bolivia en un evento internacional en Trujillo, Perú, del 27 al 29 de noviembre. En este contexto, enfatizó que “la única autoridad legitimada para convocar a sesiones, presidirlas y llevarlas a cabo es el presidente del Tribunal Constitucional”, cuestionando la legalidad de la figura de la Decanatura utilizada en su ausencia.
Por su parte, Gonzalo Hurtado fue designado presidente del TCP el 25 de noviembre tras recibir cinco votos durante una sesión que justificó el cambio en la «ausencia injustificada» de Franco por tres reuniones consecutivas.
Ante esta situación, Franco hizo un llamado urgente a los magistrados para que convoquen a una nueva Sala Plena y resuelvan el conflicto, asegurando que esto es imprescindible para brindar seguridad jurídica y certidumbre al país.
La controversia ha dejado en evidencia tensiones internas en el TCP, un órgano clave en la justicia constitucional de Bolivia, cuyo futuro inmediato depende de la capacidad de sus integrantes para superar esta crisis institucional.