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Analistas piden entender la verdadera dimensión de la informalidad entre la supervivencia, la pobreza y la riqueza

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La informalidad en Bolivia es un espacio de sobrevivencia económica, pero también de acumulación de capital y generación de riqueza, que a raíz de la pandemia ocupa hasta a un 85 % de la población, lo que muestra la importancia de comprenderla más allá de las simplificaciones clásicas que se hacen al respecto.

La informalidad y su relación con la economía formal de las empresas y del mismo Estado, y los imaginarios vinculados a la pobreza o al emprendedurismo fueron analizados en un encuentro de diálogo y debate convocado por la Agencia de Noticias Fides (ANF).

El diálogo moderado por la coordinadora del espacio de reflexión, Estefani Tapia, junto al director de ANF, Sergio Montes, SJ, contó con la participación de los analistas políticos Rodrigo Pacheco, Evelyn Callapino y Guido Alejo; la comunicadora Yara Espinoza y el especialista en temas internacionales Rubén García.

“Lo formal y lo informal son las caras de la misma moneda”

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un 54 % de la población de América Latina y el Caribe y hasta un 85 % en Bolivia vive actualmente en la informalidad como producto de la crisis creada por la pandemia por el nuevo coronavirus (Covid 19), destacó Pacheco.

El investigador social señaló que el fenómeno es poco comprendido en su verdadera dimensión ya que “lo formal y lo informal son parte del mismo proceso económico global”.

“Son las dos caras de la misma moneda”, dijo tras señalar que el estructuralismo y el marxismo muestran que la informalidad “permite que las empresas formales e informales reduzcan sus costos laborales y por tanto los costos de producción a través de la mano de obra barata de los trabajadores informales”.

Eso facilita a las empresas la evasión de las regulaciones estatales sobre impuestos y la legislación social y laboral, agregó.

La falta de un abordaje con esa visión integral, según el politólogo, impide ver las relaciones de explotación en la informalidad.

A su turno Espinoza reconoció que “lastimosamente las empresas y también el Estado han diseñado mecanismos” para evitar comprometerse con el trabajador, pese a que el país tiene una legislación laboral favorable a la clase trabajadora.

Llamó la atención sobre la gravedad de la precariedad por la pandemia y la “invisibilidad” de varios tipos de trabajadores ambulantes en las calles y en las plataformas virtuales porque, a su juicio, también se sufre explotación por las horas de trabajo.

Callapino apuntó que hay que preguntarse si vale la pena reducir la informalidad “cuando el Estado no tiene instituciones sólidas” y no puede garantizar el salario mínimo para los trabajadores y, al contrario, incluso se ha normalizado el trabajo infantil.

Además, a su juicio, existe la posibilidad de que los representantes estatales en lugar de ayudar a los actores económicos formalizados, muestren su poder ante ellos y los extorsionen.

García dijo por su parte que es necesario distinguir entre los trabajadores informales que buscan sobrevivir con ingresos bajos fruto de sus servicios y las empresas o comerciantes que acumulan grandes fortunas y son informales para evadir impuestos.

Apuntó también que Bolivia es un país de asociaciones que “huyen de la lógica estatal” y que la clase política no entiende la potencialidad de la lógica familiar y las afinidades comunitarias que conviven en el país, donde no se ha desarrollado la lógica del individualismo.

“Informalidad no es sinónimo de pobreza”

De su parte, el analista Guido Alejo señaló que “informalidad y pobreza no son sinónimos” porque en la ciudad de El Alto, donde vive, se ha producido una notoria movilidad social gracias a las actividades informales e incluso han surgido muchos ricos.

Si se estudia en qué sector de la economía se ha producido una reducción de la pobreza, la respuesta será en la informalidad, sostuvo.

Además, señaló que el objetivo del Estado “no es la formalización de la economía, sino dejar hacer y dejar pasar” porque la informalidad simplifica muchas labores que debería encarar el Estado, pero no lo hace debido a sus propias limitaciones.

“La informalidad provee servicios y determinadas funciones que el Estado no las hace. No es extraño ver en algunas urbanizaciones que la misma gente está construyendo obras”, apuntó.

Exigir formalidad a sectores vulnerables puede “destruir vidas”

En su participación, el director de ANF comentó que, desde otra perspectiva, es “muy complicado” mantener, en el ámbito formal, una empresa a flote debido a los problemas burocráticos que suponen un “calvario” para quienes gestionan una empresa con trabajadores formalizados.

Destacó la seguridad laboral y el avance en los derechos sociales con los que cuentan los trabajadores en la legislación, pero también hizo notar el desincentivo que puede ver un empresario con fines de lucro en la contratación formal de trabajadores por la carga social, laboral y tributaria que implica.

Dijo que debería “preocupar profundamente” la situación del sector social más frágil para el que tener algún ingreso diario es cuestión de “vida o muerte”, ya que vive en condiciones “infrahumanas”.

“Teóricamente funciona el hecho de que aspiremos a una formalidad mayor en nuestras sociedades, pero muchas veces hacer eso puede llevar a destruir vidas”, sostuvo Montes.

De su parte, Tapia cuestionó el error de impulsar emprendimientos personales para empoderar a mujeres del campo, cuando en esa zona funciona la lógica comunitaria porque cualquier negocio debe ser fruto del apoyo en grupo.

Se trata de mujeres que viven al día con sus emprendimientos colectivos, pero a las que no se les puede introducir en el sistema de la formalización con el pago de tributos, ni los aportes al sistema pensiones porque es imposible hacerlo.

“Más que de formalizar, debería hablarse de dignificar el trabajo”, finalizó.
Fuente: ANF

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