Fondo Indígena: Desfalco y uso político traicionan los principios ancestrales en Bolivia
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Investigación revela cómo organizaciones afines al MAS y alcaldes afines se beneficiaron de recursos destinados a comunidades indígenas, dejando en el olvido a los pueblos originarios.
26 de agosto de 2024.- En una escena de la reciente película boliviana “Los viejos soldados” (2024), un amauta quechua le asegura a un joven de la ciudad que en su comunidad no es necesario asegurar las puertas, pues la honestidad y la transparencia son pilares fundamentales de su vida en común. Sin embargo, la realidad contemporánea de Bolivia ha traicionado estos principios ancestrales. A través del mal manejo del Fondo Indígena, los valores de “ama sua, ama llulla, ama quella” (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo) se han visto corrompidos por quienes debían protegerlos.
Según una investigación de Verdad con Tinta y CONNECTAS, los principales beneficiarios de los recursos del Fondo Indígena durante las últimas dos décadas no han sido las comunidades indígenas, sino organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y alcaldes vinculados a la gestión gubernamental. Este fondo, establecido en 2005 y financiado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), tenía la promesa de ser un vehículo de progreso para las comunidades indígenas, pero terminó convirtiéndose en un instrumento de corrupción y clientelismo político.
En 2015, un desfalco de más de $us 180 millones salió a la luz, sacudiendo la confianza en las instituciones y llevando al gobierno a renombrar el programa como Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). A pesar de las reformas, el FDI continuó beneficiando mayormente a municipios gobernados por el MAS, dejando a muchas comunidades indígenas sin los beneficios prometidos.
El Anuario del 2021 del FDI revela que el 65% de los proyectos, con un valor de casi $us 61 millones, fueron realizados en municipios sin territorios indígenas formalmente constituidos como TCO (Tierras Comunitarias de Origen). Estos recursos fueron mayormente destinados a alcaldías controladas por el MAS, mientras que los territorios indígenas quedaron marginados. De los 804 proyectos aprobados ese año, 612 fueron asignados a municipios oficialistas, con un presupuesto de casi $us 70 millones.
La representante de la nación quechua, Yolanda Meneses Navia, expresó su frustración al señalar que su pueblo no ha recibido ningún proyecto en los últimos 19 años. Por otro lado, Ruth Alipaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, denunció que el Fondo ha pasado a las alcaldías, que no cumplen con el propósito de beneficiar de manera autónoma a las comunidades indígenas.
El uso político de los recursos del Fondo no es nuevo. Durante la primera década de su implementación, las principales organizaciones beneficiadas fueron aquellas vinculadas al MAS. Incluso, líderes involucrados en escándalos de corrupción, como Julia Ramos Sánchez, exministra de Desarrollo Rural, han logrado evadir la justicia.
La investigación también documenta la construcción de obras inservibles o “elefantes blancos”, como un puente en Yapacaní que está al borde del colapso. A pesar de ser una obra destinada a beneficiar a los pueblos indígenas, la corrupción ha hecho que las comunidades, como los Yuracaré-Mojeños, sigan excluidas de los proyectos de desarrollo.
La situación actual del Fondo Indígena refleja una traición a los principios que una vez se promovieron como parte del proceso de cambio en Bolivia. Los pueblos indígenas, que debían ser los principales beneficiarios, han sido los grandes olvidados en esta historia de corrupción y manipulación política.