Plataformas ciudadanas formalizan denuncia penal contra Evo Morales por «autogolpe» en 2019
- Ciudadanos exigen investigación sobre la supuesta instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y organización criminal
Este miércoles, en un acto sin precedentes, diversas plataformas ciudadanas del 21F presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi. La solicitud busca que se investiguen los hechos relacionados con un presunto «autogolpe» perpetrado en 2019.
El activista Vladimir Machicao, quien lidera esta iniciativa, explicó que los delitos por los cuales se presentó la denuncia son instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y organización criminal. Estas acusaciones surgieron a raíz de declaraciones de dos diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes afirmaron que fue el propio Evo Morales quien instruyó a los líderes de organizaciones sociales a exigir su renuncia durante los conflictos de 2019.
Machicao subrayó que estas revelaciones ponen de manifiesto que el pedido de renuncia no fue una consecuencia de acciones de la oposición, sino una iniciativa dirigida desde las más altas esferas del poder gubernamental. Además, argumentó que las acciones de los denunciados provocaron una convulsión social que amenazó con desencadenar una guerra civil en el país.
La denuncia interpuesta por las plataformas ciudadanas ha generado un amplio debate en el país, con diversas voces ciudadanas exigiendo una investigación exhaustiva y justa sobre los eventos ocurridos en el convulso año de 2019.
Por su parte, Machicao instó a la Fiscalía a convocar a los diputados que revelaron esta versión como testigos, considerando que sus testimonios podrían ser esenciales para esclarecer los hechos que llevaron a la grave crisis política de ese período.
Ante la gravedad de las acusaciones y la relevancia política de los implicados, se espera que la Fiscalía actúe con celeridad y transparencia en el proceso de investigación para esclarecer la verdad sobre lo ocurrido en aquellos días que marcaron un antes y un después en la historia de Bolivia. La ciudadanía, expectante, aguarda el resultado de esta denuncia que podría tener implicaciones significativas en el panorama político y judicial del país.