Identifican a 4 militares infiltrados en la marcha médica y ven que armaron casos

Tres tenientes y un suboficial de los grupos de “inteligencia” del Ejército de Bolivia fueron arrestados por la Policía, junto a otros cinco civiles el jueves 21 de julio. Los uniformados fueron identificados como parte de grupos violentos que se infiltraron en la marcha de los médicos que se llevó a cabo en ciudad de La Paz en esa fecha.

Jorge Valda, abogado de los tres civiles enviados a la cárcel por ese hecho, afirmó que los militares infiltrados fueron detenidos por otro grupo de inteligencia del Ministerio de Gobierno y que la Fiscalía trató de esconder su identidad.

“Es un burdo caso montado por el Gobierno, legalizado por un juez del terror. No cabe duda que la Fiscalía ha actuado con falsedad”, aseguró Valda. Dijo que la Fiscalía sólo hizo encarcelar a los tres civiles y dejó en libertad a los militares.

El jurista presentó los documentos que confirman la verdadera identidad de los militares, en una audiencia de acción de libertad instalada ayer para sus defendidos, en la cual el juez negó el recurso planteado para los tres civiles encarcelados.

Según Valda, el jueves, en medio de las agresiones que los médicos sufrieron por parte de grupos de choque del MAS, se registró la intervención de grupos de Inteligencia del Ministerio de Gobierno.

Detalló que en el acta de acción directa figuran los nombres de los tenientes de Policía Wálter Callau y Alberto Calle. Ya en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), solicitaron la identidad de todos los arrestados, pero en el caso de los militares, éstos dieron nombres falsos que quedaron registrados en el acta.

Más adelante, ellos fueron identificados por medio del cruce de información, ante la sospecha de que dieron nombres falsos, pues los militares manejaban una credencial de personal médico del Ministerio de Salud. Finalmente, se logró corroborar que sus verdaderos nombres son: Óscar Sánchez Céspedes, Hugo Herrera Mercado, Hugo Barcaya Mamani y Luis Alfredo Lero Condori.

Los tres primeros tienen el grado de teniente de Infantería de la promoción 2013 y Lero Condori es suboficial. “Todos serían egresados de la Escuela de Inteligencia Militar”, añadió Valda.

Luego de cumplir ocho horas de arresto, se dejó en libertad a los uniformados.

De acuerdo con la información de la Contraloría, Sánchez aparece como funcionario del Ejército de Bolivia desde el 6 de enero de 2021; Herrera desde el 14 de diciembre de 2021, Barcaya desde el 26 de octubre de 2021, y Lero desde el 30 de septiembre de 2021.

“De los liberados, salvo la esposa de uno de los detenidos, las otras cuatro personas son miembros de las Fuerzas Armadas en el grado de teniente de Infantería del Ejército, quienes en conspiración y maquiavélica confabulación con Inteligencia de la Policía habrían montado este proceso para detener a tres jóvenes activistas, defensores y luchadores por los derechos humanos”, señala el documento de fundamentación que presentó Valda en audiencia.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, publicó en Facebook que los tres que quedaron aprehendidos “pertenecerían al grupo parapolicial y delincuencial llamado Resistencia Civil La Paz” y los mostró junto a escudos hechos de pedazos de turril, con los que supuestamente fueron encontrados.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, cuestionó el actuar del Ministro de Gobierno y exigió la liberación de los jóvenes detenidos.

Anunció que no abandonará a los tres jóvenes que fueron enviados con detención preventiva, por tres meses, al penal de San Pedro, imputados por porte ilegal de explosivos, en relación con los petardos con los que supuestamente fueron encontrados.

El abogado Valda afirmó que hay tres fiscales implicados. El primero fue quien dejó en libertad a los militares, pese a que dieron identificaciones falsas y portaban credenciales sospechosas.

El primero en conocer el caso fue Carlos Cortez Callizaya, luego el caso pasó a Omar Mejillones quien, según Valda, elaboró la imputación contra los otros tres civiles y se la hizo firmar a la fiscal Rocío Feraudi.

“Gobiernos autoritarios”

Para Gregorio Lanza, analista y exrepresentante de la Defensoría del Pueblo, el actuar de los representantes del Ministerio de Gobierno, Fuerzas Armadas y la Policía, que trabajan con este tipo de grupos de infiltrados en los movimientos civiles, “es propio de gobiernos autoritarios”. Dijo que el país espera que el presidente Luis Arce cambie esos métodos, que fueron implementados durante el gobierno de Evo Morales.

El diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que el tema de los infiltrados es “la muestra clara que la cooptación de poder del MAS está en pleno proceso de cubanizar la protesta legítima de los ciudadanos”.

Grupo parapolicial

Adepcoca En septiembre de 2021, vecinos de Villa Fátima identificaron al director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, como el líder de un grupo de “infiltrados” que lanzaban dinamitas y generaban enfrentamientos con los cocaleros de los Yungas. “Los grupos parapoliciales” fueron denunciados por militantes del MAS que no comparten la forma de hacer “política” del grupo Columna Sur, al que pertenece el ministro Eduardo del Castillo.

Fuente: Pagina Siete

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