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Denuncian que 9 de 10 casos de abusos a miembros de Lgbti vienen de la Policía

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Según denuncias de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (Lgbti), la Policía es la que más vulnera sus derechos. De 50 casos que se presentaron ante la Fiscalía en 2021, el 90% tiene relación con abusos de los uniformados contra miembros de esta comunidad, de acuerdo a registros del Observatorio de Adesproc Libertad, que representa a ese sector, con base en datos del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Un reciente atropello que se denunció está relacionado a un operativo policial en un sauna gay de El Alto, donde la violencia se impuso.

“Nosotros no especulamos, sino hablamos con informes que existen y el informe de la Defensoría proporcionado al Observatorio Lgbti indica que donde hay más denuncias es en la Policía. Es el principal vulnerador de derechos. Esos son nuestros registros y es algo que nos preocupa”, informó a Página Siete el responsable de Incidencia Política y Derechos Humanos de Adesproc, Fabio Schuett.

Las unidades policiales de El Alto y Santa Cruz encabezan las listas de denunciados en el país. El director ejecutivo de la Asociación Civil de Desarrollo y Promoción Cultural (Adesproc), Alberto Moscoso, explicó que “en la década de los 90 esto era muy habitual y los casos han ido cesando, pero las batidas o redadas de los últimos años se hacen con abusos. Por ejemplo, tomando fotografías de las cédulas de identidad de personas de la comunidad. Eso es un amedrentamiento psicológico cuando la Policía te toma fotografías o te empieza a filmar”.

De 10 casos donde la Policía interviene, ya sean operativos, atención de denuncias y otros, nueve son calificados como vulneradores de los derechos de esta población, según registros de Adesproc.

Bolivia cuenta con una normativa de protección a los derechos de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. En total son 26 leyes nacionales, ocho decretos supremos, ocho resoluciones ministeriales y más de 10 leyes municipales.

También se cuenta con la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos, como la homofobia y transfobia.

El artículo 14 de la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, idioma, nacionalidad, estado civil, ideología, condición económica.

Schuett detalló que las intervenciones de la Policía están cargadas de estigma y eso repercute en los informes fiscales cuando se abren los casos.

“Hay un trasfondo de homofobia. Si se hace una investigación de un caso, no se tiene que señalar la orientación sexual de una persona. Se tiene que hablar estrictamente de los hechos del delito”, indicó.

Los denunciantes también apuntaron al Ministerio Público, porque consideran que no existen las garantías del debido proceso.

Los casos donde se decide detención preventiva para personas de la comunidad implica un riesgo aparte para los hombres gays, indicaron los representantes de Adesproc.

Dentro de los abusos también están las extorsiones, aseguraron.

Moscoso y Schuett coincidieron en señalar que en casos donde integrantes de la comunidad cometan delitos se debe seguir el proceso que dicta la ley, sin que eso implique una relación con su orientación sexual.

También se apuntó a los medios de comunicación como un sector que vulnera los derechos de esta población. “Hay altos índices de violencia contra la comunidad y asesinatos de odio. Los medios cumplen un gran rol y no deben reforzar los perjuicios”, señaló Schuett.

Desde el 2016 hasta el 2021 se registraron seis asesinatos por odio hacia población Lgbtiq+ y solo dos tienen sentencia. La falta de registros oficiales y la decisión familiar de no hacer seguimiento a los casos invisibiliza la existencia de estos crímenes.

Uno de los casos emblemáticos se registró en 2002, cuando la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas calificó como excesivo el uso de la fuerza policial contra un equipo de filmación, actores y actrices que grababan un video sobre temas sexuales con fines educativos en calles céntricas de la ciudad de La Paz.

Caso sauna gay

Liberados Dos administradores de un sauna gay en El Alto fueron acusados y detenidos por pornografía. En un operativo de la Felcc, los efectivos ingresaron a aquel lugar, donde estaban cerca de 60 hombres (clientes). Según los policías, se trataba de un caso de prostitución, sin embargo, a falta de pruebas la justicia dispusó la salida de los acusados, a quienes se les dio medidas sustitutivas para que puedan defenderse de las acusaciones.

Detenidos Seis personas fueron detenidas, entre ellas extranjeros, su nacionalidad y orientación sexual fueron un argumento para que la Policia indicará a los medios de comunicación que se trataba de un caso de trata y tráfico.

Fuente: Pagina Siete

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