Procuraduría denuncia que TSE y los TED no se querellaron por el fraude electoral en los comicios de 2019

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A más de seis meses de iniciado el proceso por el fraude electoral en los comicios de 2019, la Procuraduría General del Estado (PGE) denunció el martes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) omitieron su obligación de constituirse en parte querellante dentro de este caso.

«Un actor ausente en más de seis meses, desde el inicio de las investigaciones es el propio Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales, tomando en cuenta que el artículo 14 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz dispone la obligación de constituirse en parte querellante», aseguró el procurador General del Estado, José María Cabrera.

En ese sentido, cuestionó al presidente del TSE, Salvador Romero de no constituirse en parte querellante, ni ser sujeto procesal activo para coadyuvar en las indagaciones en este caso, a fin de esclarecer las responsabilidades del fraude cometido en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

La autoridad explicó que la medida enmarca en el artículo 14 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establece que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley deberán constituirse de forma obligatoria en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos éstos, debiendo promover las acciones legales respectivas, ante las instancias competentes.

La norma además dispone que si se omite esa obligación se incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan.

El Procurador precisó que la Fiscalía General del Estado inició los procesos por el fraude electoral en dichos comicios, entre el 10 y 11 de noviembre del año pasado.

La denuncia se dio luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras efectuar una auditoría de la votación, presentó un informe que estableció una serie de irregularidades, desde muy graves e indicativas, en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

En noviembre del año pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que los argumentos del equipo de auditores de ese organismo son «irrefutables», porque hubo un «fraude generalizado» en todas las etapas del proceso eleccionario.

Las irregularidades generaron protestas en todo el país en defensa del sufragio y la democracia, que concluyó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la convocatoria a nuevos comicios generales.

Ante esta situación, Cabrera afirmó que se envió tres cartas al presidente del Órgano Electoral para recordarle su responsabilidad de constituirse en parte querellante en el proceso de fraude electoral y de participar en las audiencias de los involucrados en el caso, pero ninguna de las misivas fueron respondidas.

«Ante la omisión del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales de cumplir con el artículo 14 de la Ley 004 de formar una querella y coadyuvar en la investigación del fraude electoral del 20 de octubre, la Procuraduría General del Estado, cumpliendo su rol constitucional (…), se envió una carta el 19 de febrero a Romero recordándole la obligación legal que tiene de formular la querella y de participar de los procesos legales por el fraude electoral», manifestó el Procurador.

Cabrera detalló que se envió una segunda misiva a Romero para que cumpla dicha responsabilidad el 16 de marzo y que se mandó otra carta, el 15 de mayo, solicitándole una audiencia para tratar temas de la defensa legal del Estado.

«No hay explicación alguna de la actitud de omisión en el cumplimiento de deberes. Sin la necesidad de que la Procuraduría recuerde al presidente del TSE, Salvador Romero, de que debe cumplir su obligación, establecida en el artículo 14 de la Ley 004. Sin embargo, aún con los recordatorios y las conminatorias que se han hecho, no se ha tenido una respuesta», manifestó el Procurador.

Ante ello, Cabrera calificó la actitud de Romero como «negligente».

La autoridad apuntó que las misivas se enviaron, en el marco del artículo 229 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone que la Procuraduría, es la institución jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado.

AQZ/VCT ABI

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