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Militares denuncian «asesinato judicial» con múltiples procesos

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Los abogados del almirante Gustavo Arce y del general Pastor Mendieta denunciaron que la Fiscalía sumó otro proceso contra sus defendidos, esta vez por la muerte de un comunario en el municipio de Betanzos, Potosí, durante la crisis de 2019, y pidieron frenar el “asesinato judicial” contra ellos con múltiples causas, tal como pasó con Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena. Los militares también están imputados por los dos casos del supuesto golpe de Estado.

“Ya es el colmo con lo que pasa en el sistema de administración de justicia, debemos parar con lo que el señor Juan Del Granado ha denominado ‘asesinato judicial’, como pasó con el señor Marco Antonio Aramayo”, afirmó el abogado del almirante Arce, Roger Valverde.

El jurista se pronunció ayer debido a que el Juzgado Mixto de Betanzos notificó a su cliente con una citación para una audiencia cautelar, programada para mañana. “Lo quiero denunciar, le están armando varios procesos al señor Arce, con la única finalidad de que no salga en libertad”, manifestó Valverde.

Página Siete también consultó al abogado del general Mendieta sobre este tercer caso. “Obviamente quieren acorralarlo con otro proceso como forma de persecución”, dijo Javier Peñaloza.

Según los datos de la imputación, los militares fueron sindicados por el homicidio de un comunario en el municipio de Betanzos durante la crisis de noviembre de 2019.

En primera instancia estuvieron imputados Hober Henry Rocha y los excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman (2019) y Sergio Orellana (2020).

El 25 de febrero de este año la Fiscalía amplió la imputación por homicidio y tentativa de homicidio contra el exjefe del Estado Mayor, almirante Arce, el exinspector general de las FFAA, general Elmer Fernández (prófugo) y el excomandante del Ejército, general Mendieta.

El abogado Peñaloza manifestó que no existen indicios contra su cliente, pues por el orden jerárquico, Mendieta no tenía autoridad para movilizar militares, aspecto explicado a los fiscales del caso con el organigrama de las FFAA.

Sin embargo, señaló que la documentación no fue valorada de manera adecuada.

Por otro lado, señaló que de acuerdo con el informe forense, el proyectil que quitó la vida a Marcelino Jarata Estrada, el 13 de noviembre de 2019, en Betanzos, no era una bala con calibre de uso militar, lo que aleja aún más la sospecha contra los uniformados. “Hubo un orificio de ingreso y salida; de ser un proyectil militar el daño al cráneo de la víctima hubiera sido mayor, según los expertos que se han consultado”, explicó.

Valverde manifestó que con la sumatoria de este proceso, se sigue la misma estrategia que se aplicó contra Aramayo, quien estuvo detenido siete años y le abrieron varios procesos en diferentes departamentos del país por el caso del Fondo Indígena, a donde debía viajar con sus propios recursos y en desmedro de su salud.

Dijo que tanto la fecha de la audiencia como la imputación se realizaron porque los fiscales y jueces están contra el tiempo, y deben justificar la detención preventiva de los militares, antes del vencimiento de los plazos procesales.

Debemos parar con lo que el señor Juan Del Granado ha denominado ‘asesinato judicial’, como pasó con Marco Aramayo

Roger Valverde

Fuente: Pagina Siete

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