Grandes obras ponen en riesgo al bosque que protege a Santa Cruz

El cordón ecológico que protege a la capital cruceña de las posibles inundaciones del río Piraí está en riesgo por el avance de construcciones inmobiliarias y grandes infraestructuras orientadas a subir los precios del suelo citadino. Los activistas advierten que Santa Cruz de la Sierra está ubicada casi 6 metros por debajo de las urbanizaciones del Urubó, que se encuentran en la otra orilla, en el municipio de Porongo, y que el riesgo crece.

Una lluvia fuerte en la ciudad de Santa Cruz produce, además de inundaciones, fotografías y memes de la población para reírse de la situación. El transporte público desaparece por algunas horas y muchos vehículos tienen averías. A pesar de que la inundación de marzo de 1983 aún está en la memoria de quienes la sufrieron, también está la sensación de que el peligro ha pasado.

El problema es que el máximo defensivo de la ciudad, una franja de bosque que corre paralelo al río, conocida como cordón ecológico, está cada vez más deforestado y avasallado.

“El cordón ecológico tiene bastantes leyes que lo protegen. Una de las principales directivas es que nadie debe pernoctar ahí. Es un área totalmente vocacional para recreación, estudios científicos, paseos, etc.”, dice Sandra Quiroga, miembro de la Plataforma. El Parque de Protección Ecológica Río Piraí, por su nombre legal, tiene una superficie de 287.318,32 m² que se extienden a lo largo de la ribera del río que corresponde con la capital cruceña. Una ordenanza municipal de 2009 prohíbe todo asentamiento humano en su superficie.

La función ambiental

Cristina Prado, miembro del colectivo Árbol, explica que el cordón ecológico tiene una importancia que va más allá de ser un obstáculo para el ingreso del río a la ciudad y a toda la región metropolitana, que no es poco. “Es un regulador de clima, de temperatura. Es un albergue de diversidad biológica cercana a la ciudad. Una vez medimos la temperatura, en una zona arbolada y en una zona de estacionamiento de un supermercado. La diferencia era de 4 grados, sólo a 100 metros de distancia”, dice. Y el dato no es menor en una ciudad cuyos habitantes sufren, más que disfrutan, del calor del verano que suele llegar a los 38°.

La activista Quiroga menciona que a estas alturas hay un barrio entero asentado a orillas del río, lo que hace casi imposible desalojar a las viviendas que se han instalado ahí. “Lamentablemente el municipio en su operabilidad ha permitido esos asentamientos ilegales. La urbanización Ambrosio Villarroel, que es ilegal, forma parte de los accesos de ingreso del puente UrubóVillage”, comenta Quiroga. En este caso se prevé que la vía tenga 420 metros de longitud.

La mencionada urbanización, según relata, se formó a partir de la presencia de trabajadores que explotan áridos en el río y que se fueron asentando de a poco hasta conformar un barrio, y lo mismo está sucediendo a la altura del canal Isuto, uno de los grandes drenajes de agua pluvial en Santa Cruz que llevan las aguas de la ciudad hacia el Piraí.

“Es una ingobernabilidad total. En el municipio y a nivel (del Gobierno) central, todos siguen en campaña política y nadie se ocupa de esta área. No hay guardaparques, no hay control de asentamientos. Al finalizar el canal Isuto, es un camino de extracción de áridos y agregados, y han deforestado 5 o 6 km paralelos al canal”, dice Quiroga.

Inversiones privadas

Junto con la penetración hormiga en el área forestal, están las inversiones privadas que impulsan grandes infraestructuras principalmente para cruzar el río y desarrollar el Urubó, en el municipio de Porongo, cruzando el río, con sus proyectos inmobiliarios. El primer puente con inversión privada fue el “Mario Foianini” para desarrollar la urbanización Colinas del Urubó a fines de los 90. En septiembre de 2022 se inauguró una ampliación, o doble vía, de esta obra. En esa misma línea, hace tres semanas se anunció la licencia ambiental para un segundo puente, que se anuncia costará 12 millones de dólares, cuyos inversores pretenden desarrollar la urbanización UrubóVillage, también en la otra orilla.

Y de este lado del río, en la propia capital cruceña, la zona de Equipetrol se ha desarrollado con edificios que no dejan de crecer casi aledaños a los restos del cordón, pues en ese punto está el puente Mario Foianini.

Las activistas manifiestan su acuerdo con el desarrollo de la ciudad, pero con un desarrollo con sostenibilidad, planificado e inclusivo. Para Cristina Prado, la presión más grande viene de las inmobiliarias con proyectos para urbanizar terrenos en los alrededores del cordón y en la orilla de enfrente, con el agravante de que urbanizar un terreno rural no tiene vuelta atrás.

“Si bien ha aumentado la población, no a la velocidad en que se urbaniza. Hay hectáreas de urbanizaciones fantasma que no son habitadas por nadie, y en el corto plazo van a seguir así. Hay más oferta que demanda y quien compra lotes en el Urubó no es por una necesidad urgente de construir una vivienda, sino por tener un lote de engorde, para obtener plusvalía”, dice Prado. Este dato coincide con los agentes inmobiliarios que informan que desde empresas hasta individuos compran bienes inmuebles con la idea de que su valor se multiplique con el tiempo. En un estudio sobre la renta del suelo en la región metropolitana cruceña, el arquitecto Fernando Prado también estima que por acción de los capitales inmobiliarios hasta este momento “se ha ‘loteado’ de aquí para los próximos 30 años”, lo que implica que en el año 2035 “se estaría recién con una densidad de 30,8 hab/ha, o sea con una densidad menor de la que tiene hoy el municipio de Santa Cruz”.

Buscando información

Al igual que las activistas, el concejal Fede Morón comenta que está en busca de la información acerca de si el permiso para el puente UrubóVillage contiene un proyecto para el paso de fauna. No se puede hacer más ahora que el proyecto privado obtuvo la licencia ambiental.

“El cordón está en absoluto riesgo como nunca antes. Mucha gente no lo sabe, pero cuando cierra la gestión la señora (Angélica) Sosa, de alguna manera genera excepciones para algunos empresarios de manera ilegal. Johnny Fernández hasta la fecha no ha podido ni querido corregir lo que ha hecho Sosa”, dice Morón. En su momento, el concejal denunció la emisión de una normativa que admitía nuevas áreas de expansión urbana, entre ellas el polígono 4 que, según dice, beneficia al empresario Ivo Kuljis.

Tanto el concejal Morón como Sandra Quiroga recuerdan que la ciudad de Santa Cruz está ubicada seis metros por debajo del municipio de Porongo y por eso es que una riada “puede darse en cualquier momento por la manera en que han destruido parte del cordón que es lo único que nos defiende ante el turbión”. Tal vez por eso es que, del otro lado del río, es decir en la zona de las inmobiliarias del Urubó, no existe tal barrera forestal, a pesar de que las normas lo prevén.
“Es regulador de clima, de temperatura. Es un albergue de diversidad biológica cercana a la ciudad”.
Cristina Prado, Árbol
12
millones
de dólares costará la construcción de un segundo puente del UrubóVillage, en la otra orilla del río.
“Si bien ha aumentado la población, no a la velocidad en que se urbaniza. Hay urbanizaciones fantasma”.
Cristina Prado, Árbol

Denuncian que no se cumple la pausa ambiental del municipio cruceño

En 2021, el gobierno municipal de Santa Cruz emitió una pausa administrativa para evitar cualquier afectación al cordón ecológico, pero las organizaciones de activistas consideran que nunca se ha cumplido esa disposición. “No existe tal pausa. Uno de los problemas de fondo es la extracción de áridos y agregados descontrolada, esas volquetas abren camino. Cuando hay camino abierto de manera ilegal, empiezan los avasalladores a ingresar por ese acceso”, dice Sandra Quiroga.

La pausa, establecida en la resolución administrativa 114/2021, implica la prohibición de “todo trabajo de construcción y/o ampliación de viviendas, urbanizaciones, condominios, cerramientos perimetrales, aperturas de nuevos caminos y/o sendas, fraccionamientos de predios, desmonte mecanizado y/o manual, remoción de suelos, caza, pesca y comercialización de animales silvestres, la tala, emplazamiento de fuentes fijas y/o móviles de contaminación acústica, y otros que puedan comprometer la funcionalidad hidráulica de la llanura de inundación y las funciones ambientales que brinda a la población el área protegida Río Piraí”.

Muchas de esas acciones son denunciadas casi a diario por los activistas o señaladas por la prensa, aunque es cierto que en la mayoría de los casos se suele señalar principalmente a las personas en condición de calle como los ocupantes principales o únicos de la zona boscosa.

El concejal Fede Morón comenta que el propio municipio no hace respetar la pausa administrativa, y un hecho concreto es que no existen funcionarios (guardaparques) que cuiden el cordón. Pero el incumplimiento de esa medida administrativa no es lo único. La Ley 1434, también de abril de 2021, ya establece que está prohibido modificar el uso de suelo del cordón.

En septiembre de 2019, antes de la pandemia de la covid en 2020, la Asamblea Legislativa Departamental emitió una declaratoria de pausa ambiental para conservar el patrimonio natural en Santa Cruz ante las quemas e incendios forestales.

Fuente: Pagina Siete