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Informe Castillo de Arena declarado ilegal en Brasil

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El documento de investigación establece que las autoridades bolivianas no recurrieron a sus pares para obtener la documentación de forma legal.

Un informe de la Justicia Federal de Brasil estableció que el documento Equipe SP14-Item 16 “Castillo de Arena” no tiene legalidad judicial en ese país ni en el exterior; por tanto, no está autorizada su utilización como evidencia dentro de un proceso de investigación.

La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa dispuso esos antecedentes para indagar a autoridades bolivianas por los presuntos sobornos que recibieron por parte de la empresa Camargo-Correa.

“Lo que se hizo fue acudir directamente al Tribunal de Brasil y preguntar si ellos han proporcionado el informe SP14 Castillo de Arena, ellos dijeron que no. Se le preguntó si las autoridades del Brasil o de otros países están autorizadas para utilizar ese informe y la respuesta fue que no, porque esa documentación es ilícita y que no se puede usar para base de una investigación”, señaló Ramiro Vega, representante legal del exminsitro de Servicios y Obras Públicas, Carlos Morales Landívar.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, Susana Rivero, aseguró que esa instancia solo tomó como referencia el informe Castillo de Arena. Recurrieron a otras fuentes en el país para la colección de indicios y presentar un informe final sobre los presuntos hechos de corrupción. Antecedentes que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para su investigación.

En el informe Castillo de Arena mencionó a Bolivia 17 veces y hace énfasis en tres iniciales: C. Morales, G.G.-N.S.C. y C.M. quienes recibieron sobornos por parte de la empresa Camargo-Correa a cambio de la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

EL INFORME

Carlos Eduardo Morales Landívar, exministro de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003), solicitó información a la justicia federal del Brasil respecto de si las autoridades bolivianas recurrieron a fuentes legales para obtener el dicho informe.

Mediante un informe, emitido el 4 de diciembre de la pasada gestión, el juez Federal Sustituto Diego Paes Moreira aseguró que los documentos de la operación Castillo de Arena fueron declarados ilícitos por el Tribunal de Justicia de ese país, porque vulneraba los derechos humanos de los presuntos involucrados.

“Una vez reconocida la ilegalidad de dicho informe (SP14 Castillo de Arena), no está autorizada su utilización como evidencia por cualquier autoridad, de cualquier esfera, sea en Brasil o en el exterior”, indica la respuesta de la autoridad jurisdiccional.

El documento establece que las autoridades bolivianas no recurrieron a sus pares para obtener la documentación de forma legal, y en caso de que lo hubiesen hecho no se les había entregado porque el informe es ilícito.

Rivero señaló que la Comisión de Investigación tenía conocimiento de que el cuestionado informe fue declarado ilícito por el Tribunal de Justicia de Brasil, por eso es que recurrieron a otras fuentes para obtener mayores indicios contra los involucrados.

INDICIOS

La legisladora del partido oficialista manifestó que la investigación de la Comisión que presidió está en base a informes que se solicitaron a la Dirección General de Migración, sobre los flujos migratorios de los implicados. A la Unidad de Investigación Financiera (UIF) se pidió los movimientos de las cuentas bancarias.

Entre estos indicios se pudo establecer un modus operandi de los representantes de la firma brasileña para la adjudicación de los contratos, las decisiones eran de alto nivel donde se emitían decretos para concretar la ejecución del proyecto carretero.

Sin embargo, Vega manifestó que la Asamblea Legislativa incurrió en un ilícito al basar sus investigaciones en un informe que no es legal en el Brasil, por lo que advirtió que debe ser declarado nulo.

De la misma forma, cuestionó que la UIF se haya prestado a investigar las cuentas bancarias de su cliente, ya que esta instancia solo actúa contra funcionarios públicos y empresas estatales.

El Diario.

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