Dirigente Larrazabal podría ser apartado del proceso

El exrepresentante del Comité Cívico del municipio de Achacachi, Elsner Larrazabal, al ser beneficiado con un refugio político en Perú, puede ser apartado del proceso penal que se instauró en su contra por el presunto secuestro del dirigente de los Ponchos Rojos, Modesto Clares, con la finalidad de evitar el retraso del juicio oral.

“Una vez que se haga este procedimiento el señor Larrazabal debe ser separado del proceso para que el juicio no se suspenda en relación al segundo coprocesado, Pedro Villca”, explicó el abogado Paulo Peredo.

El exdirigente del municipio de Achacachi ratificó que el Gobierno de Perú le otorgó el asilo político que fue solicitado desde la pasada gestión, donde demostró que era un perseguido político del partido oficialista. Salió del país en abril de 2018 después de que el Gobierno haya apelado a la revocatoria de su detención domiciliaria.

Peredo indicó que el Ministerio Público no pudo evidenciar que Larrazabal y Pedro Villca hayan ordenado el secuestro del dirigente campesino Modesto Clares, que se originó tras los conflictos en la localidad de Achacachi, donde los comunarios pedían la renuncia del alcalde Édgar Ramos, por diversos hechos de corrupción que se registraron durante su gestión.

En una entrevista con ANF, Larrazabal indicó que los problemas se originaron antes de febrero del 2017 porque solicitaron un informe en el estricto marco de la fiscalización la gestión del munícipe. Pero este se negó a presentar, además que no cumplió las promesas electorales para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

“El Alcalde se empecinó en no dar informe y surge el conflicto, en ese ínterin el 14 de febrero se mete el Defensor del Pueblo, y al día siguiente, en coordinación con este señor, ingresan al pueblo a saquear, hay fotos”, resaltó.

Por otra parte, el jurista indicó que en septiembre de la gestión pasada el Ministerio Público presentó una acusación formal contra Larrazabal y Villca por el delito de coacción, pero hasta el momento no se dio inicio al juicio oral contra los implicados.

A la vez, explicó que esa instancia debió ser de sobreseimiento, ya que llegaron a una conciliación con la presunta víctima con la entrega de un monto de dinero para los gastos médicos por las agresiones que sufrió, pero estos extremos no fueron sustentados por el dirigente campesino.

Larrazabal indicó que acudirá a instancias internacionales para presentar una denuncia contra el Estado boliviano por la vulneración de sus derechos humanos, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Al respecto ya se ha elaborado la denuncia que se presentará en próximos días ante la CIDH contra el Gobierno de Bolivia, por delitos de lesa humanidad, privación de libertad sin pruebas, encarcelamiento injusto de 52 personas, abuso de autoridad y otros delitos más”, anunció.

El Diario.

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