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“El compromiso histórico de Jeanine Áñez es de fondo y de forma, de legalidad y legitimidad, que se trunca cuando, vulnerando el mandato que le ha dado el pueblo boliviano, decide dejar de lado su responsabilidad principal, abandona la neutralidad y deslegitima el único motivo por el que ocupa el cargo que asumió hace algo más de dos meses”, escribió en su columna periodística Carlos Mesa luego de la postulación de la presidenta Áñez.
Ayer, en una charla realizada en Santa Cruz también señaló que Áñez debería pensar y reflexionar sus propósitos: ser candidata a la presidencia “o ser quien va a dejar el testimonio extraordinario de transición responsable que entregue el mando a quien gane la elección”, manifestó luego de decir que la candidatura de Áñez no tiene que ver con quién es el beneficiado o perjudicado con su lanzamiento, sino el cumplimiento del mandato que se le dio de convocar a elecciones y velar por un proceso neutral.
De acuerdo al análisis del expresidente realizado en su columna de opinión, el gobierno de Áñez tiene unas tareas muy puntuales: “convocar a elecciones, realizarlas y entregar el mando al legítimo ganador”, ello debía realizarse con el “requisito imperativo de la neutralidad absoluta, no sólo de la Presidenta sino del gobierno en su conjunto y conlleva la obligación de garantizar que no se usarán ni directa ni indirectamente recursos económicos, materiales y mediáticos del Estado en favor de ningún candidato.”
Mesa cuestiona que la ahora candidata haya utilizado el aparato estatal para construir y favorecer su candidatura: “Los mediadores en la crisis, la Iglesia Católica y la Unión Europea, partieron de una premisa básica que no es otra que el espíritu de la sucesión constitucional. La refrendaron porque era indispensable que se cumpla el objetivo único de administrar el proceso electoral, asumiendo, por supuesto, que la Presidenta no aprovecharía en su favor sus meses de gobierno para promover una candidatura personal y dejar de ser juez para convertirse en parte, lo que destruiría su legitimidad y la del proceso que preside”.
No obstante, las consecuencias de la postulación de Añez se extienden aún más. Desde finales de octubre a la fecha, el MAS y sus aliados en distintos países han bombardeado a la opinión pública internacional con el relato de un supuesto golpe de Estado. Se ha intentado y se continúa intentando contrarrestar esa narración del MAS (partido de gobierno que también hizo uso de Estado para satisfacer los intereses de su caudillo), pero la postulación socava ese trabajo: “La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín”.
Esto mella seriamente la imagen del país: “lo que está en juego es la imagen internacional del país y la de quienes hemos luchado con convicción democrática en defensa de la soberanía popular. Una candidatura de la Presidenta desbarata su rol histórico y la credibilidad de la transición. No hace otra cosa que avalar las afirmaciones del expresidente huido y del coro que le hace eco, de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado”, concluye y añade que un gobierno de transición con una responsabilidad tan específica como convocar a elecciones no debe ir más allá de ese objetivo”.
Ampliando esto, en el conversatorio de Santa Cruz preguntó si los mediadores habrían garantizado la sucesión de haber sabido que Áñez se postularía.