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Conade rechaza acuerdo entre dirigentes del MAS y Gobierno

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El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, y miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, manifestó su rechazo al proyecto de ley de garantías, negociado por la presidente Jeanine Añez y su gabinete, con los sindicatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), durante la mesa de diálogo instalada el sábado y que continuó ayer, en Palacio de Gobierno.

Albarracín, quien lideró una marcha que recorrió las principales calles de la ciudad de La Paz y una concentración en la zona de San Miguel de La Paz, en rechazo del proyecto de ley de garantías, aseguró que no se puede negociar la paz para “premiar al terrorismo”.

“A título de conciliación y paz social, no se puede premiar el terrorismo, el asalto, la quema de domicilios y el asesinato de gente”, dijo.

El sábado, senadores del MAS presentaron en la Cámara Alta el proyecto de ley extraordinaria que establece respetar y garantizar los derechos de Evo Morales, Álvaro García, líderes sindicales, sociales, y exautoridades de gobierno; hecho que provocó indignación de los legisladores de Unidad Demócrata y la sociedad, que se pronunció a través de las redes sociales.

Albarracín denunció que, pese a que “mucha gente que ha sido responsable de actos terroristas, aún no ha sido aprehendida, el MAS quiere aprobar una ley con el que se les dice que sigan practicando el terrorismo porque no les va a pasar nada y no va haber sanción”, apuntó.

El rector de la UMSA, pidió a la ciudadanía estar alertas ante la posible aprobación de este proyecto de ley, ya que ello significaría retornar a las mismas condiciones de abuso de poder y sería necesario salir a las calles, para evitar esto que consideró un atropello contra la población.

SUSPENSIÓN

El senador del MAS, Omar Aguilar, informó ayer que la Cámara de Senadores suspendió el análisis del proyecto de Ley para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano, hasta que exista un acuerdo definitivo entre el Gobierno y las organizaciones sociales.

El Diario.

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