Concluye plazo de reserva en investigación contra Evo Morales por trata y tráfico
- Fiscalía analiza posibles beneficios económicos a la familia de la víctima mientras solicita información de municipios en Tarija
Hoy finaliza el plazo de reserva en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Tarija contra Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas, con una audiencia crucial para decidir si el caso será transferido a Villa Tunari, solicitud de la defensa que ya fue rechazada anteriormente. La audiencia será clave, dado que la ubicación de la causa podría influir en la conducción del proceso.
Paralelamente, el Ministerio Público ha intensificado sus pesquisas, enfocándose en la actividad económica de todos los involucrados, incluyendo a Cindy Saraí Vargas Pozo, quien tuvo una hija con Morales en 2016, cuando ella contaba con apenas 16 años. Según las investigaciones preliminares, la relación habría iniciado uno o dos años antes, lo cual refuerza la gravedad de las acusaciones.
Para esclarecer si la familia de la víctima recibió posibles beneficios económicos derivados de esta relación, una comisión especial revisará los registros financieros desde el año 2014. En este sentido, los municipios de Yacuiba y Cercado deberán aportar información detallada sobre:
- Negocios registrados a nombre de Evo Morales, Idelsa Pozo, Emeterio Vargas y Cindy Saraí Vargas Pozo
- Transferencias y movimientos económicos oficiales
- Registro de pago de impuestos municipales
- Titulares registrados para la facturación de servicios de electricidad
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, confirmó que el Municipio cooperará plenamente con la investigación y proporcionará todos los datos requeridos por la Fiscalía. La información municipal será clave para determinar si hubo una red de favores económicos alrededor del entorno familiar de la joven, en el marco de las acusaciones de trata y tráfico.
El proceso en curso no solo se centra en la responsabilidad penal de Morales, sino también en desenmascarar cualquier posible beneficio económico otorgado a personas cercanas a la víctima. Este avance en la investigación promete arrojar luz sobre uno de los casos más polémicos que enfrenta el exmandatario, cuyo desenlace podría marcar un precedente en la justicia boliviana.