• La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ejecutó un operativo de fiscalización en las ciudades de La Paz y El Alto, donde se procedió al secuestro de siete equipos de transmisión de radios que operaban de forma ilegal, tras comprobar que sus señales interferían peligrosamente en la banda aeronáutica.

En una operación de control ejecutada esta semana, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) procedió al secuestro administrativo de siete estaciones de radio que operaban de forma ilegal en las ciudades de La Paz y El Alto. La intervención se realizó en cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.

De acuerdo con el informe oficial de la ATT, la afectación económica directa por el funcionamiento ilícito de estas emisoras se calcula en alrededor de 500.000 bolivianos. Sin embargo, la gravedad del caso trasciende lo económico. Durante las inspecciones técnicas, los especialistas verificaron que estas transmisiones no autorizadas generaban interferencias perjudiciales en la banda de frecuencia reservada para las comunicaciones aeronáuticas.

Esta situación representaba un serio riesgo para la seguridad de las comunicaciones aéreas, según alertó la entidad estatal. El funcionamiento irregular no solo afectaba a operadores de telecomunicaciones que cumplen con la normativa, sino que comprometía la continuidad de servicios esenciales y la operatividad del tráfico aéreo en la región.

La ATT fundamentó su accionar en el Artículo 94 de la ley sectorial, que faculta al organismo a sancionar el uso ilegal del espectro radioeléctrico. el objetivo central de estos operativos es proteger el uso ordenado y seguro del espectro, garantizando la seguridad operacional en el transporte aéreo y defendiendo los derechos de los operadores legales y los usuarios finales.

La institución reafirmó su compromiso de continuar ejerciendo sus competencias con firmeza y transparencia. La ATT aseguró que persistirá en estas acciones de fiscalización para preservar un entorno de telecomunicaciones seguro, justo y dentro del marco legal en todo el territorio nacional.