Sala Constitucional Primera paraliza interpelaciones en Asamblea Legislativa tras Amparo promovido por Ministro de Economía
- Oposición denuncia maniobra para evitar fiscalización ministerial y anuncia acciones legales
La Sala Constitucional Primera de La Paz ha tomado la decisión de suspender temporalmente el proceso de interpelaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en respuesta a una acción de Amparo Constitucional presentada por el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, según revelaciones de la oposición.
La información proviene de la alianza política Creemos, cuyo diputado Walthy Eguez ha calificado esta medida como una artimaña diseñada para eludir la supervisión ministerial y ha tildado de «golpe certero» a la autonomía de la Asamblea.
Según los detalles de esta determinación, se alega un vacío legal en la Ley 1350, encargada de regular los procedimientos de censura a los ministros del país.
Un total de ocho ministerios se han sumado como terceros interesados en la acción de Amparo, solicitando la suspensión de las interpelaciones como medida cautelar, como comunicó Creemos en un comunicado de prensa.
Creemos ha criticado la falta de una respuesta efectiva por parte de la Asamblea Legislativa en defensa de su atribución constitucional de supervisión.
Se ha informado que el Ministro de Economía tenía pendiente una interpelación relacionada con el caso de la Gestora Pública para el pasado 16 de agosto, la cual fue postergada debido al efecto del Amparo.
Además, se habían programado interpelaciones para el 6 de septiembre dirigidas al Ministro de Energía e Hidrocarburos, el 13 de septiembre al Ministro de Medio Ambiente y Agua, y el 20 de septiembre al Ministro de Gobierno. En las mismas fechas, se tenía previsto interpelar al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Marcelo Pedrazas, diputado de CC, ha expresado su convicción de que esta decisión es parte de una «maniobra planificada» orquestada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en colaboración con el sistema judicial.
Pedrazas ha señalado que la acción de Amparo se llevó a cabo con la presencia de veinte funcionarios de diversos ministerios, sin notificar a los verdaderos terceros interesados, que en este caso eran los parlamentarios.
El diputado ha anunciado su intención de emprender un proceso legal por prevaricato en contra del tribunal responsable de esta decisión.