Luis Arce llama a sectores sociales por segunda vez en nueve meses a defender su gobierno

Por segunda vez en nueve meses, las bases del gobierno del presidente del Estado, Luis Arce, saldrán a defender la gestión de un supuesto intento de desestabilización política a consecuencia de dos protestas que se desarrollaron este mes en Santa Cruz y La Paz.

El 23 de noviembre de 2021 se iniciaba en la localidad de Caracollo la “marcha por la defensa de la democracia”, encabezada y organizada por el expresidente Evo Morales. La marcha llegó a La Paz el 29 de ese mes con Luis Arce, David Choquehuanca y Evo Morales a la cabeza y provocó el llanto del Presidente.

Han pasado nueve meses desde entonces y el Gobierno llamó de nuevo a sus bases para defenderse de otro supuesto ataque e identificó como los principales responsables de ese plan a las protestas en Santa Cruz, que piden la realización del Censo en 2023, y en La Paz, la movilización de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que exige el cierre del mercado ilegal de coca en Villa el Carmen.

Sin embargo, la pugna por la realización del Censo fue iniciada por el propio Gobierno cuando, luego de una reunión con el Consejo Nacional de Autonomías el 12 de julio, determinó la postergación del Censo, que debía realizarse en noviembre de este año, para el primer semestre del 2024. Esa decisión provocó la protesta cruceña que determinó un paro cívico de 24 horas como primera medida.

El 25 de julio se realizó la primera protesta departamental y, ante la desatención del Gobierno, los cruceños nuevamente paralizaron la región el 8 y 9 de agosto. Funcionarios del Gobierno y la Policía se organizaron para levantar los puntos de bloqueo.

Desde el 1 de agosto, los cocaleros de Los Yungas comenzaron sus protestas exigiendo el cierre del mercado ilegal de coca que instaló Arnold Alanes, dirigente afín al Movimiento Al Socialismo, en Villa el Carmen. Las protestas de este sector derivaron en enfrentamientos entre policías y los movilizados.

El Gobierno intenta asentar el mercado de sus afines y desplazar el mercado de Adepcoca, violando la Ley General de la Coca y desconociendo que el único mercado legal en La Paz, establecido por la Resolución Ministerial 342, se encuentra históricamente en la calle Arapata de la zona Villa Fátima.

Ahora las autoridades afirman que los dos hechos fueron utilizados por sus opositores para desestabilizar al gobierno de Arce y en respuesta pretende mostrar la fuerza de movilización que tiene con sus bases.
ANF

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