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Multan a una asociación de mineros de Potosí por incumplir plazo para cierre de diques de colas

25 de julio de 2024 (FmBolivia).- Una Sala Constitucional de Potosí ha decidido imponer una multa de Bs25.000 a la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí tras el incumplimiento del plazo establecido para el cierre de dos diques de colas, Laguna Pampa I y II, responsables de generar contaminación ambiental en la región. La resolución también concede un nuevo plazo de cuatro meses para llevar a cabo el cierre, con la advertencia de aplicar multas progresivas y paralizar cuentas de los integrantes de la asociación en caso de no cumplir.

La información fue proporcionada por la concejal Reyna Menacho, quien, junto a los comunarios de Cantumarca, impulsó una Acción Popular contra la Asociación de Ingenios Mineros. El incumplimiento se evidenció después de que la resolución original fijara el 29 de junio de 2024 como fecha límite para el cierre de los diques. La falta de acción llevó a los comunarios a solicitar la intervención de la justicia constitucional.

El caso ha adquirido relevancia a nivel local debido a la alta presencia de plomo en la sangre de los habitantes de Cantumarca, una situación que ha sido motivo de preocupación para la Defensoría del Pueblo. Esta institución solicitó un plan de contingencia de salud para enfrentar los problemas derivados de la contaminación. La concejal Menacho destacó la gravedad de la situación:

«Se está velando principalmente la salud pública no solamente de Cantumarca, sino también de la población potosina, por haber encontrado altos índices de plomo en la sangre no solamente de niños sino también de personas mayores. Y corre el riesgo de que si no se realiza este cierre, definitivamente se estaría atentando a la salud de la población», indicó Menacho.

La multa y el nuevo plazo para el cierre de los diques representan un avance significativo en la protección del medio ambiente y la salud pública en Potosí. Esta medida subraya la importancia de la presión ciudadana y el papel de las autoridades locales en la garantía de un entorno más seguro y saludable para la población afectada.