Aumentan los casos de acoso y violencia política contra concejalas y alcaldesas electas en Bolivia
- La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) reporta 110 casos atendidos en los primeros cinco meses de 2023
En Bolivia, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) ha atendido un preocupante total de 110 casos de acoso y violencia política dirigidos hacia concejalas y alcaldesas electas a nivel nacional, durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2023. La información fue revelada por la presidenta de ACOLAPAZ, Maribel Mita, en un encuentro con la prensa a pocos días de la conmemoración de los 11 años de vigencia de la Ley 243, la cual busca prevenir y sancionar el acoso y la violencia política hacia las mujeres.
A pesar de que Bolivia se destaca como referente mundial en cuanto a normativas favorables a la paridad de género, las mujeres en el ejercicio de cargos políticos siguen enfrentando obstáculos significativos. Según la legisladora Mita, uno de los principales desafíos es el acoso y la violencia política, que se intensifican cuando una mujer ocupa un cargo de autoridad electa en un municipio. «Cuando una mujer tiene poder de decisión en un municipio como autoridad electa, comienza a sufrir acoso. Los hombres dicen ‘hay que bajar a esta mujer del cargo de concejala’. Cuando fiscalizamos al alcalde nos amenazan diciendo ‘chicote hay que darle'», agregó Mita.
Además del acoso directo, las legisladoras también enfrentan presiones para asumir roles de «madrinas» y realizar regalos materiales, como cocinas y obsequios. Aquellas que se resisten a cumplir con estas demandas son objeto de exigencias de renuncia por parte de los sectores solicitantes. La presidenta de ACOLAPAZ denunció la persistencia del machismo en la sociedad, señalando que «si no les das regalos o cerveza, dicen que esa concejala debe irse».
Es importante recordar que la Ley 243, específica contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, fue promulgada en Bolivia el 28 de mayo de 2012, tras el asesinato de Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, por motivos políticos. Aunque esta ley convirtió a Bolivia en el primer país de América Latina en contar con una legislación de este tipo, la impunidad persiste a pesar de los 11 años transcurridos.
Según datos del Tribunal Supremo Electoral, entre 2016 y 2022 se registraron 223 denuncias por acoso y violencia política hacia mujeres en cargos electos, y se reportaron 370 renuncias por diversos motivos.
La presidenta de ACOLAPAZ destacó los avances que significó la promulgación de la Ley 243, pero señaló las debilidades en su aplicación. Mita afirmó que existen obstáculos en el ámbito penal, con retardación de justicia y falta de conocimiento por parte de los funcionarios judiciales. También mencionó problemas en los ámbitos administrativo, constitucional y electoral,