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Justicia ordena restituir a trabajadores y empresas arguyen crisis por la pandemia

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La justicia emitió sentencias constitucionales para que cinco empresas de Santa Cruz reincorporen a trabajadores despedidos durante la pandemia. Los obreros están hace un mes en vigilia en el Palacio de Justicia de la capital cruceña en demanda de sus fuentes de empleo.

Las empresas dicen que el impacto de la covid fue tan grande que se cerraron puestos de trabajo y en algunos casos dejaron de producir. Uno de sus gremios argumenta que, a nivel nacional, “en el sector industrial, en 2020 cerraron 409 empresas y en 2021 cerraron 462 empresas”.

Victoria Condori tiene 39 años, es viuda, sostiene a sus dos hijos y trabajó por 10 años en la sección de Inyección de Industrias Belén, fabricante de bolsas nailon, envases desechables y todo tipo de plásticos. Ahora tiene trabajos temporales de limpieza y cocina para sostener su casa, mientras hace turnos para cocinar también en la vigilia.

El 28 julio de 2020, fue despedida de Industrias Belén, empresa que desvinculó a 53 trabajadores en tres fechas diferentes ese mes. Un grupo aceptó la liquidación presionado por las necesidades de la pandemia, pero otro sector decidió buscar su reincorporación porque consideraba injustificado el despido.

El grupo de Victoria Condori acudió al Ministerio de Trabajo y luego a estrados judiciales; en ambas instancias consiguió revocar la decisión empresarial. Marcelo Paz Soria, gerente de Recursos Humanos, actualmente cautelado por la justicia por incumplimiento de sentencias constitucionales, no se presentó a exponer los argumentos de la empresa ante la citación de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional, según se lee en la Sentencia Constitucional (SC) 0498/2021-S3.

El abogado Édgar Arraya representó a los trabajadores cruceños de Industrias Belén, Totaí Citrus, Incercruz y Cerámica Santa Cruz ante el Tribunal Constitucional. “Estas empresas arguyen caso fortuito y fuerza mayor para despedir a los trabajadores”, dice Arraya, desde su oficina en Sucre.

Despedidos en la cuarentena

Los obreros en vigilia en el Palacio de Justicia fueron despedidos en 2020 en plena pandemia y cuando regían medidas de restricción de circulación.

Jorge Zeballos, a nombre de los trabajadores del Sindicato Paitití de la mina Don Mario, explicó que en su caso fueron sorprendidos con el despido el 29 de febrero de 2020 con un anuncio pegado en el comedor del campamento, que comunicaba a los trabajadores que pasen a recoger su liquidación con su extracto de las AFP en la mano.

“Fuimos despedidos 130 trabajadores afiliados a la organización sindical… Es un campamento minero que está a 500 km de la ciudad, ¡cómo íbamos a presentar el extracto de las AFP!”, dice Zeballos, ayudante perforista de Don Mario, mina ubicada en la provincia Chiquitos. Del total de mineros desvinculados, quedan 76 en la vigilia.

En agosto de 2021, Juan Gavidia, CEO de la corporación minera internacional Orvana, dijo a Asuntos Centrales que la empresa paró actividades en octubre de 2019 porque el margen de operaciones se puso negativo y no podían sostener a 240 personas sin producir. “Ese grupo de 68 caballeros se ha puesto en pie de guerra sin querer cobrar sus beneficios sociales, han llegado al absurdo de que nuestro gerente general en Bolivia, Joaquín Zenteno, esté con detención domiciliaria y sujeto a tres juicios penales”, dijo.

Los obreros de la empresa agroindustrial Totaí Citrus también estaban aislados durante la pandemia en el municipio de Cuatro Cañadas cuando fueron despedidos 140 de ellos. “Nos despidieron el 31 julio de 2020, después de haber trabajado tres meses sin salir de la empresa, cuando estaba fuerte la pandemia y todo estaba casi militarizado… Nos dijeron: ‘firmen, igual les vamos a llamar’”, explica Ernesto Soto.

De todos los obreros echados de Totaí Citrus, sólo ocho llegaron hasta el Tribunal Constitucional con su demanda judicial contra el gerente de entonces, José Roberto Rodríguez Veltzé, quien a través de su representante argumentó que el despido se debió a la pandemia y a “motivos de contracción de la economía nacional e internacional que provocó el desequilibrio financiero… Ya no existe ninguna actividad en la que puedan ser reincorporados los interesados”. Finalmente, la Sentencia Constitucional (SC) 1034/2021-S4, luego de revisar los descargos de ambas partes, ordenó que todos los obreros sean reincorporados a sus funciones con pago de salarios devengados.

A solicitud de este medio, la empresa Totaí Citrus SA emitió un comunicado, en el que indica que “actualmente, en razón a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dispuso la reincorporación de dos trabajadores, la empresa ha dado cabal cumplimiento a lo determinado por las autoridades laborales no teniendo ninguna obligación pendiente por nuestra parte al respecto”.

Agrega que esta empresa “se ha caracterizado en todo momento por cumplir con el ordenamiento legal vigente en el país”, pero explica que “en razón de los problemas que originó para nuestro sector la paralización de la economía por la pandemia y, en particular, la interrupción prolongada de la actividad de exportación, se suspendió nuestra producción, habiendo llegado a un acuerdo con los trabajadores a quienes se procedió a pagarles la totalidad de sus beneficios sociales”.

En la vía penal

“El problema es que nadie quiere cumplir, ni con resoluciones administrativas ni con sentencias constitucionales ni con nada. Se está violando la seguridad jurídica en un Estado de Derecho”, dice el abogado Arraya. Los trabajadores que impulsan las demandas no cobraron sus últimos sueldos ni beneficios sociales porque, de hacerlo, habrían consumado el despido.

Los trabajadores consiguieron revertir sus despidos con resoluciones del Ministerio de Trabajo y luego con sentencias constitucionales. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas últimas o un cumplimiento parcial (reincorporarlos sin pagarles sueldos devengados), se abrieron procesos penales contra los gerentes o representantes legales.

“Sale la sentencia de Sucre en agosto de 2021 a favor de los trabajadores. La empresa se niega a cumplir…, se remiten los antecedentes al Ministerio Público y éste empieza investigación del delito de incumplimiento. Nos hacen declarar a nosotros, a la empresa; es un calvario, es una locura, porque no tenemos recursos y tenemos que seguir este juicio”, dice Celso Murillo, soldador en Industrias Belén.

A todos los trabajadores les ha tocado acompañar sus procesos en instancias administrativas y judiciales en Santa Cruz, y luego en niveles superiores en La Paz y Sucre. Victoria Condori recuerda que, para ir a la capital donde está el Tribunal Constitucional, tuvieron que vender comida para recaudar fondos.

“Es un año y ocho meses que estamos pidiendo que se cumpla la reincorporación en su integridad. A nosotros, el Grupo Industrial Auzza, dueño de Cerámica Santa Cruz, nos despide por pedir que domingos nos paguen horas extras y que los feriados de Navidad y Año Nuevo podamos pasar con la familia”, dice Pérez.

En contraparte, Luis Alberto Auzza Carrasco, a través de su representante, dijo que “la empresa en tanto unidad económica, ya no se encuentra en funcionamiento, resultando imposible su reincorporación a una fuente de trabajo que ya no existe”, según la SC 0875/2021-S4.

Arraya explica que la representación de los trabajadores se sustentó en el Decreto Supremo 0495 que indica que ante un despido ilegal existen dos caminos: cobrar sus beneficios sociales e irse, o pedir la reincorporación y el pago de salarios devengados.

El caso de Bermejo

La perspectiva no es alentadora para los trabajadores, según Arraya, quien pone como ejemplo el caso del Industrias Bermejo. “Hace 15 días, la Sala Penal de Bermejo ha tomado determinación de condenar al gerente general de la fábrica a tres años con privación de libertad. Pero él se ha acogido al perdón judicial y no ha cumplido condena ni un solo día”, dice.

Los trabajadores de Santa Cruz están concentrados en su vigilia y en atender sus procesos ahora en la vía penal. Por el momento, sólo el abogado Édgar Arraya considera que puede activar la vía internacional con una queja ante la OIT “para denunciar cómo se está manejando la justicia en el país”.

La industria está golpeada por la pandemia y huérfana
El año 2020, varias empresas despidieron a centenas de trabajadores en Santa Cruz, incluso en industrias que no habían suspendido operaciones. ¿A qué se debió esa situación? La Cámara Nacional de Industrias explicó a Página Siete que producto de la pandemia de la Covid-19 se generó un descenso de la actividad económica industrial.

“La industria nacional decreció -8,35%, la mayor contracción económica de los últimos 70 años. Santa Cruz registró una tasa de contracción de su economía industrial de -2,05%. Este contexto económico adverso tuvo su impacto sobre el empleo en todos los sectores de la economía boliviana”, respondió el ente aglutinador de los industriales.

El abogado Édgar Arraya explica que unas 40 empresas despidieron trabajadores en el país. Él representa a los trabajadores despedidos de Industrias Belén, Totaí Citrus, Incercruz y Cerámica Santa Cruz, pero también a los obreros de Industrias Larabisch y Tecnopor de La Paz y de Industrias Agrícolas Bermejo, en Tarija.

A pesar de ello, el panorama que describe Arraya es pequeño. La Cámara Nacional de Industrias explica que “en el sector industrial en 2020 cerraron 409 empresas y en 2021 cerraron 462 empresas. Se requiere entre sector público y privado una alianza para la reactivación económica de corto, mediano y largo plazo”. La CNI tiene además una propuesta de 10 puntos para reactivar la economía.

En este contexto, el Gobierno y la Central Obrera Bolivia (COB) negocian un incremento salarial para la gestión 2022, lo que ha provocado el rechazo y la alarma del sector empresarial porque sus representantes aseguran que la pandemia les ha dejado en crisis y que un incremento implicaría poner en riesgo más empleos.

Luego de insistir durante semanas, finalmente el Gobierno aceptó recibir a los gremios patronales para hablar del aumento salarial en una mesa que se instalará este lunes.
Trabajadoras que se mantienen en su demanda.
Foto: Malkya Tudela / Página Siete

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EMPRESAS
se cerraron en Bolivia entre
2020 y 2021, según los
registros de la Cámara
Nacional de Industrias.

Nos hacen declarar a nosotros, a la empresa; es un calvario porque sin recursos debemos seguir el juicio Celso Murillo, destituido

Nadie quiere cumplir, ni con resoluciones administrativas ni con sentencias constitucionales ni con nada

Édgar Arraya, abogado

En 2020, la industria nacional decreció -8,35%, la mayor contracción económica de los últimos 70 años

Cámara de Industrias

Fuente: Pagina Siete

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