- La protesta, programada para el 10 de marzo, busca exigir la revisión de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado y los contratos de litio con empresas extranjeras.
En el marco del sexto encuentro multisectorial, realizado en la ciudad de Oruro, representantes de diversos sectores sociales y gremiales acordaron llevar adelante una marcha de protesta que partirá desde Patacamaya con destino a la ciudad de La Paz. La movilización, programada para iniciar la segunda semana de marzo, específicamente el 10 de marzo, tiene como objetivo expresar el rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado y a los contratos de litio firmados con empresas extranjeras, principalmente chinas.
César Gonzales, representante de los gremiales, explicó que «lo que se ha definido es marchar desde Patacamaya a la ciudad de La Paz», y agregó que durante los días previos se realizarán reuniones internas de organización para coordinar la participación de delegaciones de todos los departamentos del país. «Vamos a entrar con delegaciones de todo los departamentos», aseguró Gonzales, destacando la magnitud de la movilización.
El análisis realizado durante el encuentro reiteró el firme rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado, que ha generado malestar en varios sectores. Asimismo, los participantes se pronunciaron en contra de los contratos de litio, exigiendo que antes de cualquier firma se apruebe el proyecto de Ley 211. «Rechazamos los contratos con las empresas chinas», enfatizó Gonzales, representando la postura de los departamentos productores como Potosí y Oruro.
Los organizadores de la marcha esperan un pronunciamiento claro por parte del Gobierno central sobre estas demandas. Mientras tanto, aseguraron que un gran número de delegaciones estarán aguardando en la ciudad de La Paz para sumarse a la medida de protesta, consolidando así una movilización que promete ser histórica en su convocatoria y en su mensaje de rechazo a las políticas actuales.
La marcha no solo representa un llamado de atención al Ejecutivo, sino también una muestra de unidad entre los diferentes sectores sociales y gremiales del país, quienes buscan defender sus derechos y recursos naturales ante lo que consideran decisiones improvisadas y perjudiciales.