
Economistas critican la disposición del PGE 2025 que permite la confiscación de productos
Gabriel Espinoza y Fernando Romero cuestionan las medidas del gobierno para controlar los precios, advirtiendo sobre posibles efectos inflacionarios y su impacto en la libertad económica.
Sábado, 25 de enero de 2025 (FmBolivia).- El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, y el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, expresaron su preocupación por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza la confiscación de productos como medida para controlar los precios. La normativa ha sido rechazada por productores y sectores económicos, quienes advierten sobre sus posibles efectos adversos.

Espinoza señaló que la medida, que busca controlar los precios de los productos en el mercado, podría generar un año más inflacionario en 2025, especialmente tras el 9.97% de inflación de 2024. “En lugar de reconocer que el problema proviene de un gran gasto fiscal, el Gobierno opta por esta disposición, lo que podría hacer que el próximo año sea aún más inflacionario”, afirmó Espinoza en entrevista con Brújula Digital.
El economista también criticó la postura del Gobierno, que considera que el aumento de precios se debe a la especulación, cuando en realidad está relacionado con el desajuste cambiario del dólar y la emisión de créditos internos. Espinoza advirtió que, si bien el Gobierno intenta frenar el proceso inflacionario, no está dispuesto a recortar el gasto fiscal y prefiere mantener las medidas de control en los mercados.
Por su parte, Fernando Romero expresó que esta disposición atenta contra la libertad económica, señalando que si sus efectos son más negativos que positivos, debería ser eliminada. “Es la primera vez en la historia que se incluyen este tipo de medidas en el presupuesto, lo que genera incertidumbre sobre quiénes serán considerados como responsables de la especulación”, indicó Romero.
Romero también destacó que, aunque la medida podría intentar combatir la inflación, el problema estructural radica en la escasez de dólares, lo que sigue alimentando el proceso inflacionario. Ambos economistas coincidieron en que la normativa no está claramente definida y podría ser utilizada para confiscar productos de manera arbitraria.
La disposición séptima, que entró en vigencia el 1 de enero sin previa discusión en la Asamblea Legislativa, otorga al Gobierno la facultad de tomar acciones de control, fiscalización, y confiscación de productos si se determina que los comerciantes están reteniendo productos o inflando los precios de los mismos.