Expertos: Nueva San Cristóbal podrá operar por 17 años más

La mina San Cristóbal pasó de manos japonesas a canadienses y este yacimiento de plata, zinc y plomo que se encuentra en Potosí, según expertos, podría tener una vida útil de otros 17 años más. Para ello debe pasar de una minería de sulfuro a implementar el proyecto de “óxidos”, que requerirá una millonaria inversión.

“San Cristóbal es una de las más grandes del país y todavía tiene una reserva de aproximados de 15 a 17 años, según datos que tenemos en la universidad”, declaró el docente e investigador Carlos Sandy.

La afirmación surge después de que Página Siete informó, el fin de semana, de que la compañía japonesa Sumitomo Corporation transfirió el 100% de sus acciones de la mina San Cristóbal, ubicada en la provincia Nor Lípez, a la empresa de capitales canadienses San Cristóbal Mining Inc. (SCM).

La firma japonesa ingresó a San Cristóbal en 2006 y, desde entonces, trabajó en convertir a la empresa operadora en su subsidiaria de propiedad absoluta en 2009. “Como parte de una revisión estratégica a la luz de los cambios en su cartera de negocios, Sumitomo Corporation ha decidido vender la totalidad de sus participaciones con respecto a esto a SCM”, señala la parte del motivo de la transacción.

El exministro de Minería Dionisio Garzón informó que en este momento se encuentran en una etapa de precierre del actual yacimiento. “Eso, seguramente, va a tardar unos cinco años más. Luego van a entrar a la época de cierre, pero tiene un nuevo proyecto denominado óxidos. Todos estos minerales todavía van a poder prolongar la vida de la mina por unos 15 años más”.

San Cristóbal comenzó a explotar los minerales a través de un sistema denominado sulfuros y de acuerdo con el experto Héctor Córdova consiste en un proceso de concentración con flotación de minerales y una mayor pureza. “El yacimiento (de sulfuros) que estaba explotando San Cristóbal se estaba agotando y descubrieron otro yacimiento, pero de distinta característica. Al tratarse de óxidos, hay que montar otra planta para su procesamiento”, explicó Córdova.

El experto aseguró que la empresa japonesa tenía previsto terminar este yacimiento y mientras duraba la implementación del plan de cierre, debían ir montando la nueva planta para procesar el nuevo mineral. “En su proyecto estaba utilizar la planta antigua para procesar minerales de otras minas, para devolverlo concentrado”, dijo.

Ya en el reporte de sostenibilidad publicado por la compañía japonesa en 2020 mencionan el proyecto de óxido, “que reviste especial interés para alargar la continuidad de nuestras operaciones”. “Este proyecto propiciará beneficios ambientales significativos, porque permitirá mejorar las condiciones de prevención y de control de riesgos ambientales de grandes acumulaciones de residuos mineros de la fase de sulfuros, proveyendo material estéril no tóxico para la cobertura del depósito de colas y de los botaderos de mina”, indicó.

Garzón explicó que el proceso para los óxidos llevará su tiempo y tendrá que pasar, al menos, dos años para saber si se implementará o no.

“Necesita una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares, eso no es tan fácil en este país. Este es un proceso más sencillo y fácil, pero hay que tener la tecnología para implementarlo. Con ello tendremos unos 15 años más (de explotación)”, reiteró.

“(Los óxidos) son una parte del yacimiento que no se tomó en cuenta precisamente porque primero se quería sacar la parte de sulfuros que tiene más ley y la parte oxidada es de menor ley y no tiene el volumen necesario. En este momento mueven 150 mil toneladas al día y es una cantidad gigante de roca mineralizada. En cambio si hacen el proyecto de óxidos no será de esa magnitud, pero tendrá un mejor retorno porque es más fácil explotarlo. Su volumen será menor”, precisó Garzón.

Las características

Riesgos Héctor Córdova, con base en un informe de San Cristóbal, informó que los riesgos que tenía la firma japonesa eran: trabajo bajo el nivel económicamente rentable, plan cierre social, inseguridad jurídica, plan de cierre ambiental, pozo de colas, interrupciones logísticas de puerto y ferrocarriles, proyecto de localización de agua para operación, falla catastrófica del molino y pandemia.

Impuestos Entre el 2015 y el 2020, la empresa pagó al Estado 1.215 millones de dólares a razón de 202 millones por año. Según el documento de transacción, la empresa tiene activos totales por 920 millones de dólares a marzo del 2022 y unos ingresos de 448 millones antes de pagar impuestos.

Fuente: Pagina Siete

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