CIDH admite otra denuncia de violación a DDHH en los casos Terrorismo I y II

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el informe Nº 243/22, por medio del cual admite la demanda presentada por Branko Marinkovic. El exlíder cívico de Santa Cruz denunció la sistemática vulneración del debido proceso y la violación a derechos humanos por parte del Estado, durante el gobierno de Evo Morales, a través de los casos Terrorismo I y II.

Aquello representa una nueva admisión de ese organismo de una causa relacionada con el denominado caso Rózsa.

“La CIDH declaró admisible la denuncia de violación a los derechos humanos de Branko Marinkovic, durante la tramitación de los casos denominados Terrorismo I y II. En ambos procesos, él y su familia fueron afectados. Hay que recordar que durante todo ese proceso, mientras el ingeniero estuvo en el exilio, fue falsamente sindicado de dirigir y financiar un intento de magnicidio, un grupo separatista y un grupo terrorista”, confirmó a Página Siete el abogado Gary Prado.

Cinco derechos

“En consecuencia, la Comisión considera que en el presente caso los alegatos presentados por la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundados, por lo que requieren un examen más profundo en etapa de fondo, toda vez que declararse probados los hechos, éstos podrían constituir violaciones a los artículos 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 11 (derecho a la honra y de la dignidad), 21 (derecho a la propiedad privada) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana”, se lee en el informe de la CIDH.

La demanda individual fue presentada el 18 de octubre de 2010. Doce años después se conoce la respuesta del organismo internacional, que podría derivar en un nuevo informe de fondo, en el que se determine que el Estado boliviano es responsable de “graves violaciones de derechos humanos”, como ocurrió con el reporte que se hizo público en 2022.

El caso precedente

La madrugada del 16 de abril de 2009, efectivos policiales ingresaron al Hotel Las Américas de Santa Cruz -según la versión “oficial”- y desbarataron a un grupo terrorista. En el operativo murió el líder de la célula, Eduardo Rózsa. Corrieron la misma suerte Arpad Magyarosi y Michael Dwyer. Mario Tadic y Elöd Tóásó, otros integrantes del grupo, fueron apresados y trasladados a la ciudad de La Paz.

En un informe de fondo, difundido en septiembre de 2022, la CIDH concluyó que la muerte de Dywer resulta atribuible al Estado. El documento reproduce las versiones de Tadic y Tóásó en sentido de que aseguran que fue ejecutado en el aeropuerto.

Ese reporte de la CIDH también determina que los actos contra Tadic, Tóásó, y otras dos personas constituyeron “actos de tortura”.

Prado remarcó que en el informe de admisión de la denuncia de Marinkovic, se cita el caso precedente como un antecedente que deja en evidencia el actuar malicioso de los funcionarios del gobierno de Morales, y el montaje de los casos de terrorismo, que tenía como fin desarticular a la oposición política al MAS.

El abogado explicó que luego de la admisión de la denuncia, la CIDH podría emitir un informe final en 2024. En ese reporte se conocerá si el Estado es señalado nuevamente responsable de violaciones a los derechos humanos y si se recomienda resarcir a Marinkovic y su familia, con la advertencia del inicio de un juicio internacional contra los implicados.

Campaña mediática

Televisión En la demanda presentada por Branko Marinkovic ante la CIDH, se denunció la campaña mediática que el gobierno de Evo Morales desplegó en contra del expresidente del Comité pro Santa Cruz, por medio de Bolivia Tv. Se indica que reprodujo al menos 22 spots y 18 notas de prensa “destinados a destruir su imagen pública y la lucha por la autonomía departamental que encabezaba en ese momento”, señala la denuncia.

Propiedad Marinkovic también denunció que el Estado lo despojó de la propiedad Laguna Colorada, en Santa Cruz, promoviendo avasallamientos.

Fuente: Pagina Siete

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