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Cambian de nombre: Ley de Garantías a Ley de Pacificación; aun así no hay consenso

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El proyecto de ley presentado por el MAS ante el Senado Nacional para dar en principio inmunidad a Evo Morales y Álvaro García Linera, cambió de nombre de “Ley Extraordinaria para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano” a una “Ley de Garantías” y por último migró a una “Ley de la Pacificación” y aun así los ex oficialistas luchan por hallar consenso en la Asamblea Legislativa.

Tras la maratónica sesión de diálogo entre el gobierno con sectores del Pacto de Unidad, El Alto y la COB, la redacción original sufrió varias modificaciones hasta eliminar la intención de otorgar impunidad a los exmandatarios ante posibles juicios ordinarios.

Hasta la madrugada de este domingo el proyecto gozaba de un nivel de consenso con el gobierno en razón a que fue trabajado por los facilitadores de la comunidad internacional y la Conferencia Episcopal de Bolivia.

Sin embargo el MAS decidió aumentar al proyecto de ley tres puntos más del pliego presentado por las organizaciones sociales, lo que motivó suspender el tratamiento tanto en el Senado como en Diputados que fueron convocados a sesionar en horas de la tarde.

El senador del MAS Omar Aguilar dijo pidieron a la Iglesia Católica y la Unión Europea puedan trabajar en un nuevo proyecto que ahora se llama “Ley de Pacificación” y hasta esta mañana gozaba de consenso.

Sin embargo el Ejecutivo decidió realizar ajustes al texto y por ello las tres fuerzas políticas (MAS, UD y PDC) en el Senado en su calidad de cámara de origen, decidieron no aprobar ninguna ley en tanto no exista un acuerdo definitivo firmado con el cien por cien de las demandas entre los sectores movilizados y los ministros de Estado.

“No queremos generar mayor susceptibilidad, queremos firmar este acuerdo que será plasmado en una ley para cumplimiento de todas las instituciones del Estado y la población”, manifestó el legislador.

Aclaró que el proyecto tiene un solo objetivo: pacificar, garantizar los derechos y garantías constitucionales de los dirigentes, de los sectores movilizados y de autoridades. “Es simplemente desempolvar la Constitución y reponer el sistema de garantías”, manifestó.

Erbol

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