En 3 años, AJAM tuvo 5 directores entre denuncias de corrupción y negligencia

En tres años marcados por denuncias de corrupción, abuso de poder y perfiles no adecuados, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) tuvo cinco directores. Sólo este años tres dirigieron la institución.

“En el último tiempo hemos visto un desfile de autoridades que incumplen los requisitos y que abusan de su poder como lo hizo Brenda Lafuente. Tenemos a la señora Nilza López que falsifica su currículum y además acepta dádivas. Ahora ponen en su lugar a alguien que ya ocupó el cargo y que en un audio es acusado de tener tratos preferenciales con algunas cooperativas mineras. No terminamos de salir de un círculo vicioso de autoridades sin ética e integridad y, por lo tanto, vulnerables a la coima”, declaró la senadora de CC Cecilia Requena.

En orden cronológico las personas que ocuparon el cargo son: Guicenia Guicela Patzi Ramos (2019-2020), Álvaro Ronald Herbas Huayllas (2020), Brenda Lafuente Fernández (2021-2022), Carmen Nilza López Valenzuela (2022) y Heriberto Erik Ariñez Bazzan (2022).

Venta de cargos y negociados

“Hay corrupción y un negociado dentro de la AJAM”, manifestó el ahora exministro de Minería del gobierno de transición, Carlos Huallpa.

El 29 de noviembre de 2019, poco después de asumir como ministro, Huallpa designó a Guicenia Patzi como directora de la AJAM. Pese a haber ocupado un cargo tan importante no hay un resumen público de la carrera de Patzi en el rubro minero.

Apenas iba a cumplir tres meses de gestión cuando, de la noche a la mañana y sin explicación alguna, la directora fue destituida. En su lugar, el 20 de marzo de 2020, se posesionó a Ronald Herbas, con un perfil tan bajo como el de Patzi.

La explicación de tan brusco cambio no se conoció sino hasta dos meses después, cuando el mismo Huallpa, según dijo, fue obligado a renunciar.

“Antes de la pandemia desde arriba me pidieron la cabeza de la AJAM y me presionaron a designar a una nueva autoridad. La orden vino de Presidencia”, denunció entonces.

Aunque desde el principio afirmó que entregó los cargos bajo presión, no hay una denuncia formal al respecto.

Pero una revisión del sistema de consulta ciudadana del Ministerio Público advirtió el registro de una denuncia hecha por Huallpa en contra de su asesor, Juan de Dios F.

La denuncia hace referencia a que el funcionario fue acusado por uso indebido de influencias. Se advirtió que realizaba cobros de 3.000 y 4.000 dólares a cambio de conseguir cargos en la AJAM y otras entidades mineras.

Por el cuaderno de investigaciones se sabe que fueron al menos 19 personas las que pagaron por estos cargos.

Ninguno consiguió un puesto, ya que lo que ocurría llegó a oídos de Haullpa y éste realizó la denuncia. Después de ello empezaron las presiones para cambiar la dirección. Tanto Patzi como Herbas tienen denuncias por despidos indebidos.

Designación ilegal y abuso

Con la posesión de Luis Arce como presidente, en noviembre de 2020 hubo un cambio de titulares en todas las entidades estatales. A la AJAM el cambio le llegó el 13 de enero de 2021, con la designación de Brenda Lafuente como directora.

Su currículum dice que Lafuente es abogada con un doctorado en Derecho Penal y Política Criminal. Cumplió funciones en la Defensoría del Pueblo de Cochabamba y en el Ministerio de Justicia. Aunque tiene experiencia en su carrera, esta no aplica en el rubro minero, un requisito para ocupar el cargo.

Apenas asumió el cargo más de una decena de legisladores y organizaciones sociales cuestionaron su designación. Por el nombramiento, una decena de diputados opositores presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público. No sólo observaron la falta de experiencia en materia minera, sino también la antigüedad de su título de la carrera de abogacía.

El Registro Público de Abogados (RPA) de Lafuente data del 2 de septiembre de 2016. Esto implica que al momento de su designación, en enero de 2021, tenía cuatro años y cuatro meses de ejercer la abogacía, y no seis años como establece la norma.

De acuerdo con la resolución de rechazo de la denuncia, a la que Página Siete tuvo acceso, el Ministerio Público argumentó que los denunciantes no consideraron que la Ley 387, que pone en vigencia el RPA, data del 9 de julio de 2013 y que la emisión de sus títulos podrían ser anteriores a esa fecha.

Sin embargo, en varias entrevistas que Lafuente dio durante su participación en el certamen de Miss Cochabamba, entre abril y mayo de 2013, declaró que cursaba el tercer año de Derecho.

Eso implica que terminó la carrera después de la emisión de la ley, dato que fue corroborado por este medio, lo que confirma una designación ilegal.

Ya el 17 de marzo de 2021, el diputado de CC Guillermo Benavides denunció este extremo y solicitó un informe escrito al Ministro de Minería. Empero no tuvo respuesta y semanas después su hijo, un abogado que ocupaba un cargo técnico sin poder de decisión, fue detenido en la calle, sin una orden de aprehensión ni una imputación formal. Ambas acciones se formalizaron horas después de que el afectado fue llevado a celdas.

El trabajador era investigado por el desarchivo, en 2020, del contrato minero San Miguel de Huachi, en un área forestal. Por ese caso hay tres personas investigadas, pero sólo el hijo de Benavides fue detenido.

Pero no fue la única aprehensión que Lafuente impulsó de forma irregular. En abril pasado, el comunicador L. M., experiodista de Bolivia TV, empezó a trabajar como encargado de redes sociales de la AJAM. En esa función, por orden de Lafuente, realizó un meme —con el rótulo de falso— para limpiar la imagen de la autoridad. Pero, según la versión de los familiares y el abogado de L. M., el resultado no fue del agrado de Lafuente.

Al ver el producto, la autoridad procedió al secuestro del teléfono móvil y ordenó al policía de la institución que proceda a la detención del funcionario, en acción directa. Lo amenazó con “mover todas sus influencias” y en menos de 24 horas el comunicador fue imputado por violencia política y fue puesto en detención preventiva en la carceleta policial.

Para el abogado que defendió a L. M. hubo un “evidente tráfico de influencias” —en este caso, en la designación y otros— que debe ser investigado.

En 2021, Lafuente también fue denunciada por la Empresa Minera Guaracyasi, por presuntamente paralizar y dar de baja su trámite y beneficiar a un ciudadano chino. No se conoce oficialmente qué pasó con el caso.

No fue la única denuncia dentro de su gestión. En enero pasado, viajó hasta Tupiza para destituir a la directora regional Anahí Aguilar, por repetidas denuncias de malos manejos de la entidad y favorecimiento a firmas unipersonales, en la otorgación de áreas libres de trabajo.

Regalos y un falso currículum

El 4 de mayo, luego de la polémica desatada por la detención del responsable de redes sociales de la AJAM, Lafuente renunció al cargo. El 1 de junio se posesionó a Nilza López Valenzuela como nueva directora.

No pasaron ni 24 horas cuando saltaron algunas alertas. Se supo que estuvo casada con el exdirigente de la Confederación Universitaria Boliviana Max Mendoza, quien se encuentra detenido en el penal San Pedro, por usurpación de funciones y enriquecimiento ilícito.

Ni bien cumplía tres meses de gestión, el Ministerio Público aceptó dos denuncias penales en su contra, por al menos cuatro delitos. Estos son beneficios en razón del cargo, falsificación de documento privado, usurpación de funciones y conducta antieconómica.

De acuerdo con la denuncia, el 25 y 30 de mayo de 2022, López presentó al Ministerio de Minería y al de la Presidencia un currículum en el que describía una carrera de seis años en materia minera. Sin embargo, en el Sistema de Integración de la Gestión Administrativa y la Contraloría General del Estado, López figura como funcionaria de otras áreas. Pero este era sólo uno de los problemas.

El otro hecho se refiere a una joya que le fue entregada por el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera Kotani Chullpa Marca, Leandro C., el 13 de julio.

Lo que llamó la atención es que esta cooperativa días después se benefició con 22 cuadrículas mineras para llevar a cabo su actividad extractiva.

López ya fue destituida y en su lugar se designó a Erik Ariñez, quien hasta octubre de 2019 dirigió la AJAM. Su gestión empezó con dudas, ya que un audio atribuido a López afirma que “todo dentro de la AJAM” es negocio y corrupción, y que Ariñez también tiene participación.

Luego de conocerse el audio, la AJAM advirtió que iniciará acciones legales por acusaciones “sin fundamentos” contra esa institución estatal.

“La corrupción es un secreto a voces, no sólo de estas autoridades de la AJAM, sino en todas las entidades relacionadas a la minería, en todas las gestiones. Están autoridades, funcionarios, dirigentes, empresas”, señaló una fuente de Minería.

Para Requena la corrupción también se ve en la inacción, o “la vista gorda” ante el avance de la minería ilegal.

“Es una de sus atribuciones y deberes y vemos que la AJAM no cumple con su función. No sólo es por la minería ilegal, esto implica daño ambiental, trata de personas, violencia, despojo de territorios. El problema que genera su incumplimiento de deberes es enorme”, afirmó

Como prueba de esto, un informe de la Contraloría, publicado en 2018, concluyó que en la AJAM hay una preocupante falta de acciones para la suspensión de las actividades de la minería ilegal en todo el territorio.

La AJAM, según Requena, es sólo un eslabón de un problema mucho más grande. “Está la ley que sólo favorece a las cooperativas y un Gobierno muy comprometido con ciertos sectores con intereses particulares”, dijo.

Historia de la AJAM

Creación. La AJAM fue creada el 28 de mayo de 2014, mediante la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.

Situación. Es una institución autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Objetivo. Esta encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio boliviano.

Estructura. La institución tiene ocho direcciones departamentales y regionales: La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Potosí-Chuquisaca y Tupiza-Tarija.

Personal. Cuenta con 193 dependientes, de los cuales 46 son personal eventual. El director nacional, y los ocho regionales, tienen un sueldo de más de 19 mil bolivianos.
7
directores
dirigieron la AJAM en sus ocho años de vida. Cinco en los anteriores tres años.

Guicenia Guicela Patzi Ramos

El 29 de noviembre de 2019 fue posesionada en el cargo mediante la Resolución Suprema 26144, firmada por la entonces presidenta Jeanine Áñez, en reemplazo de Erik Ariñez Bazán, quien administró la institución durante el gobierno de Evo Morales.

Su carnet de identidad fue emitido en Potosí. En su posesión se presentó como abogada aunque no se difundió su hoja de vida.

Álvaro Ronald Herbas Huayllas

El 20 de marzo de 2020, el abogado orureño fue posesionado como director de la institución. No hay registros públicos de su hoja de vida o carrera con la que accedió al cargo.

Su gestión fue de bajo perfil y no llegó a cumplir el año. Su última declaración jurada data del 13 de enero de 2021. Anotó tres bienes, activos de 127.000 bolivianos y una deuda que alcanza Bs 1,3 millones.

Brenda Lafuente Fernández

Asumió el cargo el 13 de enero de 2021. Se tituló como abogada en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba. Tiene un doctorado en Derecho Penal y Política Criminal y es magíster en Ciencias Penales. Previo al cargo fue asesora legal de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba y del Ministerio de Justicia. Ninguna de las referencias están relacionadas con la minería.

Carmen Nilza López Valenzuela

La abogada fue posesionada como directora de la AJAM el 1 de julio de 2022. En su currículum afirmó tener seis años de experiencia y ejercicio en derecho minero. Sin embargo, de acuerdo con el Sigma, en 2020 cumplió funciones en un tribunal electoral departamental.

Una planilla de personal de la AJAM, anterior a 2019, la registra con el cargo de oficial de diligencias.

Heriberto Erik Ariñez Bazzan

La autoridad fue posesionada el pasado 14 de octubre. En 2012 fue designado por Luis Arce, entonces ministro de Economía, como viceministro de Política Tributaria.

En 2013 fue posesionado como presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. Permaneció en el cargo hasta 2016, cuando asumió como director de la AJAM. Renunció al cargo en 2019, por la crisis poselectoral.

Fuente: Pagina Siete

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