La política busca proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y estabilizar el mercado interno.

Pese al elevado costo que representa para las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN), el Gobierno destaca la continuidad de la subvención a los hidrocarburos, argumentando que ha permitido proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

Entre 2006 y 2025, el subsidio a la gasolina y el diésel pasó de 265 millones de bolivianos a 15.156 millones, un incremento del 5.619,2%. Frente a este gasto millonario, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la alianza Libre han anunciado que, en caso de asumir el Gobierno, podrían implementar cambios en esta política, desde su eliminación hasta la focalización del beneficio.

Según el Ministerio de Economía, las subvenciones han sido una herramienta estratégica dentro del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, con énfasis en la redistribución de ingresos y la mitigación de la pobreza. “Desde su implementación, estos mecanismos han sido fundamentales para proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables, quienes son los más afectados por las fluctuaciones de precios”, subraya la cartera.

El ministerio apunta que esta práctica no es exclusiva de Bolivia y se observa también en otras economías de la región, reforzando la necesidad de políticas públicas que atenúen los impactos de los ajustes de precios en productos esenciales.

Las subvenciones permiten que los sectores de bajos ingresos accedan a recursos clave para su sustento diario y ayudan a estabilizar el mercado interno, contrarrestando las turbulencias económicas internacionales que podrían generar mayores presiones inflacionarias. Además, contribuyen a equilibrar la carga de la inflación en los hogares más necesitados y tienen un efecto directo sobre su bienestar económico.

El Ministerio de Economía señala que, si bien estas políticas representan una respuesta inmediata frente a los aumentos de precios, también buscan fortalecer la cohesión social y promover la estabilidad económica a largo plazo. “El Gobierno, consciente de los efectos de las políticas externas sobre la economía interna, ha considerado las subvenciones como un mecanismo esencial para asegurar que el crecimiento económico no beneficie solo a los sectores más favorecidos, sino también a las familias bolivianas que más lo requieren”, puntualiza.

A pesar de su alto costo, la cartera asegura que los resultados fiscales muestran un equilibrio entre la necesidad de apoyo social y la gestión de las finanzas públicas. En 2024, el déficit fiscal global del sector público no financiero, excluyendo el gasto en subvenciones, se situó en 6,3% del PIB, reflejando una disminución de 3,8 puntos porcentuales respecto a cifras anteriores, lo que evidencia que es posible compatibilizar gasto social con estabilidad económica.

El costo per cápita también se incrementó significativamente: de 28 bolivianos en 2006 a 1.333 bolivianos este año, lo que representa un aumento del 4.660,7%.