La Procuraduría denuncia penal por corrupción a Wilfredo Chávez abogado de Evo Morales

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  • Wilfredo Chávez enfrenta acusaciones por la firma irregular de 10 contratos durante su gestión como procurador, donde se destinaron 93 millones de bolivianos a servicios externos sin resultados claros.

La Procuraduría General del Estado ha presentado una denuncia penal contra Wilfredo Chávez, abogado del ex presidente Evo Morales, por delitos de corrupción relacionados con la firma de diez contratos irregulares durante su gestión como procurador.

Prensa Libre

El procurador, Benjamin Siles, informó sobre la situación en una conferencia de prensa, enfatizando que la denuncia ya ha sido remitida al Ministerio Público, donde se espera la asignación de un fiscal y un juez cautelar.

“Estamos hablando de 10 contratos, y de una denuncia presentada hoy al Ministerio Público. Esta denuncia está orientada a servidores públicos, especialmente a la ex máxima autoridad ejecutiva de esta entidad, por varios delitos de corrupción”, indicó Siles, dejando entrever la gravedad de las acusaciones.

El procurador destacó que las irregularidades detectadas incluyen la contratación de un consorcio que cobraba por minutos de llamadas y mensajes de WhatsApp, sin obtener ningún beneficio para el Estado. “Resultados para la Procuraduría, ninguno. Resultados o beneficio para el Estado, ninguno”, afirmó con firmeza.

Siles también cuestionó la necesidad de contratar consorcios de abogados, tanto nacionales como internacionales, cuando la Procuraduría cuenta con un plantel de 200 funcionarios, de los cuales 170 son abogados. “No entendemos por qué se estaba contratando abogados externos para defender los intereses del Estado. Hemos concluido que lo que había sucedido es una privatización de la defensa de los intereses del Estado, una terciarización”, expresó, manifestando su preocupación por la situación.

Los datos revelados por la Procuraduría señalan que entre 2021 y 2023, se destinaron 93 millones de bolivianos únicamente en el pago a consorcios, peritos y abogados externos. Esta situación ha llevado a Siles a cuestionar la contratación de abogados especializados en derechos humanos. “¿Por qué se ha contratado abogados externos en materia de derechos humanos? No voy a comprender la razón, por más que lea y relea los contratos, por más que analice cada uno de los casos en los cuales supuestamente por hora han asesorado”, concluyó Siles, dejando en el aire las inquietudes sobre la gestión y uso de recursos del Estado.

Con esta denuncia, se abren interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión pública, poniendo en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los recursos del Estado y la defensa de sus intereses. La expectativa ahora se centra en las acciones que tomará el Ministerio Público frente a estas acusaciones.