- Colaboración entre la Policía, la Armada Boliviana y la AJAM logra desbaratar operaciones ilícitas de extracción de oro en afluentes del río Beni.
En una acción coordinada entre la Policía, la Armada Boliviana y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), se llevó a cabo un operativo exitoso que resultó en el desmantelamiento de dos puntos de actividad minera ilegal en el río Kaka, con la detención de seis individuos, entre los cuales se encontraban ciudadanos chinos involucrados en estas actividades ilícitas.
El operativo, dirigido por el funcionario de la AJAM, Erick Caldera, se basó en una Resolución Judicial emitida en la localidad, que ordenaba la suspensión inmediata de cualquier actividad minera ilegal en los afluentes del río Beni. Caldera explicó que este paso se tomó para frenar la explotación no autorizada y los daños ambientales que estaban ocurriendo en la zona.
No obstante, un obstáculo se presentó durante el proceso legal. La Fiscalía de Rurrenabaque rechazó asumir el caso con la justificación de que la jurisdicción no correspondía a su competencia. Esta decisión generó críticas y cuestionamientos por parte de los involucrados en el operativo y del público en general.
La situación en el río Beni también ha levantado preocupaciones adicionales. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) tomó medidas al presentar una Acción Popular ante el Juzgado de Rurrenabaque. Esta acción se debió a la creciente contaminación del río y sus afluentes debido a la actividad minera de las cooperativas ubicadas en la región. La presencia de mercurio en el agua ha llevado a que las comunidades consuman pescado contaminado, lo que está provocando problemas de salud entre los habitantes locales.
Un detalle alarmante que emergió tras el operativo es el uso de armas de alto calibre por parte de los cooperativistas para evitar su detención. La CPILAP reportó el hallazgo de cartuchos de munición, lo que subraya los riesgos y desafíos que enfrentaron las fuerzas del orden durante esta operación destinada a hacer cumplir la ley y salvaguardar el medio ambiente.
Este operativo conjunto no solo representa un paso significativo hacia la erradicación de la minería ilegal en la región, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de abordar de manera más rigurosa la explotación no autorizada y sus impactos perjudiciales en el ecosistema y en la salud de las comunidades locales. La colaboración entre las autoridades y la acción enérgica de la sociedad civil son cruciales para enfrentar este desafío en curso.