CIDH investiga “ejecución de presuntas víctimas” en el caso de La Calancha
El abogado de las víctimas dijo que es muy poco probable que la CIDH establezca que no se violó el derecho a la vida porque existen como pruebas los muertos y las balas de las fuerzas policiales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que no son manifiestamente infundadas las denuncias de presunta “ejecución” de Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo durante en los hechos de La Calancha y que están siendo investigados por esta instancia internacional como graves vulneraciones a los derechos humanos y a la vida.
“Tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes, la Comisión estima que los alegatos del peticionario, referidos a la ejecución de las presuntas víctimas por integrantes de la Policía mientras participaban en una protesta y la alegada impunidad de estos hechos, no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo”, señala parte de la resolución de la CIDH conocida la anterior semana.
“De verificarse como ciertos los hechos denunciados, estos podrían caracterizar violaciones a los derechos establecidos en los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión), 15 (reunión), 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos), en perjuicio de la presunta víctima admitidas en el presente informe y sus familiares”, añade.
El abogado de las victimas del caso de La Calancha, Ariel Coronado, aclaró que la CIDH y la Corte IDH no investigan responsabilidades personales en la comisión de delitos sino la responsabilidad del Estado boliviano en estos hechos de violación de los derechos humanos, como el derecho a la vida.
“Si una persona ha sido privada de su vida con un disparo de fuerzas policiales, eso va a determinar, si eso concurre, va a señalar que se violó el derecho a la vida por parte del Estado boliviano no una persona en particular”, afirmó.
Además del derecho de acceso a la justicia, si el Estado boliviano realizó una investigación pronta, seria, si se juzgó a los responsables, pero como no ocurrió eso es muy probable que también se sanciones al Estado por estos hechos, según las palabras de Coronado.
El abogado dijo que es muy poco probable que la CIDH establezca que no se violó el derecho a la vida porque existen como pruebas los muertos y las balas de las fuerzas policiales. (Correo del Sur)
El Diario.