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Fiscalía demora proceso contra vocal Campero denunciado por prevaricato

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Desde el 25 de mayo de 2020, que se denunció a los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Israel Campero y Miriam Aguilar por el presunto delito de prevaricato, las investigaciones no avanzan, “demostrando un acto de encubrimiento” por parte del Ministerio Público, manifestó a EL DIARIO el abogado Eduardo León.

“El proceso está ilegalmente detenido debido a que se lo está protegiendo ya que hemos realizado actos de investigación tan importantes que demuestran la responsabilidad de Israel Campero y Mirian Aguilar, ya que ellos, junto a otros abogados, habrían organizado un proceso escandaloso para la justicia y que determina que ambos privilegiaron con libertad a un violador”, apuntó.

Lamentó que pese a haber transcurrido más de tres meses de la denuncia, la Fiscalía no haya ordenado citar a Campero y Aguilar y menos ordenar el allanamiento de sus oficinas.

DATOS

León recordó que de acuerdo con las circulares 006/2020, 008/2020 y 11/2020, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emergentes por la cuarentena que se vive en el país, solo podrían acceder una cesación a la detención preventiva las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, excluyendo a imputados, acusados y sentenciados por delitos graves como el de violación, empero, en fecha 23 de abril 2020, los jueces Campero y Aguilar, otorgaron detención domiciliaria a Ricardo P. H. R., quien fue sentenciado a 15 años de prisión, tras comprobarse que violó a sus propias hijas.

Ricardo P. H. R. fue aprehendido hace aproximadamente dos años, tras que la abuela de sus dos hijas y una sobrina, lo denunciara por abuso sexual y violación en contra de ellas, por lo que fue sentenciado a 15 años de presidio acusado por el delito de violación a niña, niño, adolescente.

En fecha 5 de mayo, el abogado Iván Perales, presidente del Tribunal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer y los doctores José Luis Quiroga, Patricia Aguilar y Harry Canales, miembros del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero, a través de la Resolución 026/2020, denunciaron que ninguno de ellos fueron accionados, menos conocen la tramitación de dicha acción o su contenido, por lo que solicitaron, mediante memorial, que la Sala Constitucional Primera pueda aclarar y complementar los alcances y efectos de sus actos.

Asimismo, explicaron que al no conocer la resolución con la cual otorgan medidas sustitutivas al acusado, la responsabilidad plena es de los vocales denunciados.

“Se deja expresa constancia, que los motivos, fundamentos y sustento legal, para que una Sala Constitucional pueda disponer, sin verificación de riesgos procesales o valoración por el juez competente, ni en conocimiento de las supuestas víctimas de un delito de violación y abuso sexual, la aplicación directa de una medida sustitutiva a la detención preventiva, invadiendo competencias del juez competente y sobre todo sin notificar la Resolución N° 18/2020 de 23 de abril de 2020, que resolvió la acción de libertad, es de única y exclusiva responsabilidad del Dr. Israel Ramiro Campero Méndez y la Dra. Miriam Aguilar Rodríguez”, se lee en parte de la resolución.

Asimismo, aclaran que por norma disponen la aplicación de medidas sustitutivas a la cesación a la detención preventiva al imputado Ricardo P. H. R., existiendo riesgos procesales de fuga y obstaculización, conforme el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal.

“Estamos muy molestos con la retardación de justicia ya que desde la Fiscalía General se está protegiendo a estas autoridades y la Fiscalía de La Paz no hace nada al respecto”, lamentó el jurista.

Asimismo refirió que Campero está vinculado a la devolución, mediante resolución, de la licencia a todos los locales nocturnos que funcionaban ilegalmente en La Paz, además del fallo a favor del empresario Edwin Saavedra, en el caso TERSA.

El jurista refirió que tanto el fiscal general, Juan Lanchipa y Campero tienen vínculos con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Campero fue asesor de la cámara de Diputados en el gobierno de Evo Morales, en el año 2010. Fue jefe de la Unidad de Coordinación de la Asamblea Legislativa, en 2011. Fue asesor constitucional de la Vicepresidencia del Estado, fue asesor de Álvaro García Linera y jefe de la unidad de análisis del ministerio de Obras Públicas. Director general de la subprocuraduría de análisis de investigación y director general en Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado”, concluyó.

El Diario.

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