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Emisión de bonos planeada por Arce será revisada por la ALP

La emisión de bonos en mercados externos de valores planeada en la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2020, elaborada por el gobierno del MAS, pero promulgada por el actual Gobierno, será sujeta a una nueva revisión por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de acuerdo con lo establecido en la Ley para el Control y Fiscalización del Endeudamiento Público, sancionada por el Legislativo el pasado viernes.

“Previo a la emisión de títulos valor en mercados de capital externos, establecida en el Parágrafo I del artículo 19 de la Ley 1267 del 20 de diciembre de 2019 (Ley del PGE 2020), el Órgano Ejecutivo solicitará a la ALP la aprobación de las condiciones financieras para la emisión de los títulos y deberá justificar ante ésta la capacidad del Estado de asumir el pago de los mismos”, señala el artículo 3 de la ley sancionada.

El PGE 2020 fue elaborado por el Ministerio de Economía encabazado por el entonces ministro Luis Arce, antes de las fallidas elecciones de octubre de 2019, pero remitido a la ALP por el Gobierno de transición para su aprobación.

En la parte de exposición de motivos se detalla que la inversión productiva y social será posible a través de la emisión de títulos valor en mercados de capital externo, “como fuente alternativa de financiamiento” para los proyectos del Plan de Desarrollo Económico y Social.

Sin embargo, en días pasados, el viceministro de Tesoro Carlos Schlink anunció que los recursos captados a través de la emisión de bonos soberanos serán destinados a enfrentar la crisis derivada del coronavirus.

La norma indica que, para establecer las posibles condiciones financieras competitivas de la emisión de títulos valor, se deberá considerar, como referencia, las condiciones de los financiamientos disponibles de los organismos multilaterales (Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, entre otros).

La norma también estipula que si las condiciones de la emisión de títulos no son favorables a criterio de la ALP, ésta no autorizará la misma, al considerarse ésta como endeudamiento público.

De acuerdo con el analista financiero Jaime Dunn, el planteamiento conceptual de la ley es erróneo al buscar comparar las tasas y condiciones en las que los bonos soberanos o títulos valor serán emitidos con las tasas que ofrecen los préstamos de los organismos multilaterales, ya que los primeros se fijan en función del mercado, mientras que los segundos no.

“El proyecto de ley establece que las condiciones de las emisiones en mercados internacionales deben estar en condiciones comparables a los préstamos de organismos multilaterales. Aquí hay un error conceptual de fondo de la Asamblea: las tasas de emisión en mercados internacionales son a tasas de mercado. Las tasas de los préstamos a Bolivia por parte de los organismos multilaterales son mayormente a tasas que no son de mercado”, explica Dunn.

El analista agrega que, mientras que a 10 años la tasa de interés en mercados internacionales está cerca del cinco o 6% para países como Bolivia, las tasas de los multilaterales para préstamos concesionales pueden estar hasta en el 1% a 30 años. Es decir, las operaciones de endeudamiento multilateral concesional no son comparables con una emisión de valores en el extranjero.

Por otra parte, acota el analista, la ley no establece si la comparación que realizará la ALP se hará frente a los préstamos concesionales o no concesionales que ofrecen los organismos multilaterales, lo que podría generar distorsiones en el análisis que realizará la ALP.

“En el caso de los préstamos concesionales, por sus características son más asimilables a donaciones en muchos casos. Los no concesionales son más cercanos a condiciones de mercado. La ley no establece si la comparación que haga la Asamblea será contra créditos concesionales o no concesionales. Por lo tanto, se podría presumir que la alta politización de la Asamblea, en cuanto a los temas económicos, la lleve a no autorizar las emisiones de valores en el extranjero por considerarlas caras comparadas con los créditos concesionales que Bolivia está acostumbrada a recibir desde hace décadas”, agregó

Anteriores emisiones

En su primera emisión, el país colocó 500 millones de dólares a 10 años plazo y un interés de 4,875% a ser pagados en 2022. La segunda emisión se realizó un año después, en el mercado de valores de Nueva York, en el que se colocaron 500 millones de dólares a 10 años plazo, con un interés anual que llegó al 5,95%.

En esa ocasión, los títulos fueron adquiridos por inversores de Estados Unidos (41%), Europa (34%), Latinoamérica (24%) y Asia (1%), informó el Ministerio de Economía de ese entonces.

La emisión de bonos más reciente en los mercados internacionales se realizó en marzo de 2017, por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2028, con una tasa de 4,5% anual.

Condiciones propicias para la emisión

Condiciones El analista financiero Jaime Dunn señaló que si Bolivia logra colocar sus bonos de 10 años a 12 años plazo con tasas por debajo de 4,5% sería interesante. Según el analista, hoy existe demanda de bonos soberanos porque tienen menor riesgo. Será la tercera emisión del país, las primeras fueron por 500 millones cada una de las colocaciones.
Emisión El Gobierno anunció en pasados días que en las próximas semanas colocará en el mercado internacional bonos soberanos por 1.500 millones de dólares para conseguir recursos destinados a enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Aprobación de créditos no debe ser un tema político

El ministro de Desarrollo Productivo Óscar Ortiz afirmó el martes que la aprobación de los créditos por parte de organismos internacionales para enfrentar la lucha contra el coronavirus, que están paralizados en el Legislativo controlado por el MAS, no debe convertirse en un tema de confrontación partidaria.

“Los créditos internacionales no deben convertirse en un tema de confrontación política partidaria. Ya se aclaró que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) no está condicionado a ningún programa específico, sino es un crédito de emergencia”, aseguró Ortiz.

La autoridad recalcó que dichos préstamos son de emergencia y son concedidos a los países que tienen problemas por la reducción de ingresos debido a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria por el coronavirus, para la atención y contención de la enfermedad, además de mantener el funcionamiento de los servicios públicos.

“Todos estos recursos que el Gobierno ha gestionado en los últimos meses son muy necesarios. No nos olvidemos que hay que atender las necesidades de la salud de la población, pagar los bonos que hemos creado y además que el Estado no ha estado recaudando (tributos) los últimos meses y tiene que seguir funcionando”, aseguró Ortiz.

El ministro de la Presidencia Yerko Núñez denunció, el 17 de junio, que el expresidente Evo Morales ordenó al Legislativo bloquear los préstamos concedidos por organismos internacionales al Estado boliviano, para enfrentar la lucha contra el Covid-19.

Pagina Siete

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