CREEMOS: Oficialismo aprueba ley corta para elección de autoridades judiciales a medida de sus intereses políticos
- La oposición denuncia manipulación y falta de transparencia en el proceso
En la madrugada de este miércoles, el oficialismo logró la aprobación de una ley corta que permitirá la elección de autoridades judiciales acorde a sus intereses políticos. A pesar de las propuestas presentadas por la oposición, que buscaban garantizar un proceso transparente y confiable para la población, estas no fueron escuchadas.
Al término de la sesión en la Cámara de Diputados, el diputado Erwin Bazán de Creemos expresó su preocupación por la forma en que se llevó a cabo la aprobación de esta ley. «Hemos cumplido con nuestra responsabilidad de rechazar con contundencia, con solvencia, además con propuestas, la manipulación política que hace el MAS (Movimiento Al Socialismo) de este proceso de elección de autoridades judiciales», enfatizó.
Bazán destacó que su partido no está de acuerdo con la designación a dedo de autoridades judiciales, pero tampoco apoya elecciones judiciales bajo la influencia del partido oficialista. Además, anticipó que Creemos no otorgará sus votos para alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar las ternas que se deberían presentar en la consulta popular.
Una vez más, el legislador de Creemos instó a los asambleístas del oficialismo a reconsiderar sus acciones frente a un proceso que podría abrir la posibilidad de construir un nuevo sistema de administración de justicia y evitar las consecuencias que la población tendrá que enfrentar.
«Si se llevan a cabo las elecciones judiciales y la elección del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) bajo el marco de la ley corta aprobada en Diputados, las nuevas autoridades estarán sometidas al favor político del MAS», advirtió Bazán.
La aprobación de esta ley ha generado preocupación entre diversos sectores, que ven en ella una amenaza para la independencia y la imparcialidad del sistema judicial del país. La oposición continúa denunciando la falta de apertura y diálogo por parte del oficialismo, y exige un proceso electoral justo y transparente que garantice la confianza de la población en el sistema de justicia.