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Con Mendoza tras las rejas, la Fiscalía va contra toda la red de implicados

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Max Mendoza, el aún dirigente universitario y presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), ya se encuentra preso. Ahora, la Fiscalía investiga a las personas que avalaron su designación a ese puesto: Juan José Bohórquez, exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, y Rodrigo Rodríguez Arce, exejecutivo de la CUD.

Víctor Hugo Chávez, docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y uno de los denunciantes, explicó que Mendoza tenía una red que iba desde la administración que permitió el pago de un salario mensual de 21.780 bolivianos por cuatro años hasta algunos rectores a quienes benefició con el manejo de las representaciones estudiantiles.

“¿Quiénes suscriben la resolución 04/2018 del XIII Congreso Nacional de Universidades?”, cuestionó el fiscal José Rodríguez en referencia a la norma que dio a Mendoza la conducción del CEUB. “Precisamente (las personas que conforman) el presídium: Juan José Bohórquez, quien es denunciado en el presente caso, y Rodrigo Rodríguez Arce, que también es denunciado, además del universitario Max Mendoza Parra”, dijo.

“A través de esta resolución se está avalando un acto ilegal que es nombrar (a Mendoza) como secretario nacional del XIII congreso nacional de universidades. De la misma forma, se tiene como otro elemento de convicción la resolución administrativa del CEUB 36/2018 del 14 de diciembre”, agregó el fiscal.

Esta segunda normativa se refería al “pago por reestructuración al secretario nacional Max Mendoza”. Esta disposición estableció “cancelar los beneficios sociales correspondientes” a Max Mendoza hasta el 31 de diciembre del 2018 “a fin de no generar un pago mayor con la nueva escala salarial”.

Esa resolución ratificó -además- la condición de secretario nacional interino a Max Mendoza, miembro del presídium y autoridad permanente interna del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana “con todos los beneficios que corresponde hasta la designación de las nuevas autoridades”.

“A través de esta resolución se ratifica la resolución 04 nombrando a Mendoza como secretario nacional, miembro del presídium, cosa que es aberrante”, indicó Rodríguez. Explicó que según el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana, el principal requisito para ocupar ese cargo es al menos ser licenciado.

“Pero, Mendoza es estudiante por más de 30 años en la universidad pública. (…) De manera ilegal, los señores Bohórquez y Rodríguez (firmaron esta resolución). (Ahora) también se encuentran investigados y denunciados al haber emitido las resoluciones 04 y 36”, añadió.

El Coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Eddy Flores, dijo ayer que, en su momento, las otras personas investigadas serán citadas a declarar. “La denuncia establece a Mendoza y a otras personas que participaron del hecho. La comisión de fiscales definirá la secuencia de las citaciones para que puedan prestar su declaración informativa y sean convocados”, indicó.

Gracias a esa designación, Mendoza cobró un salario mensual de 21.879 bolivianos por cuatro años y en el ejercicio de sus funciones suscribió un contrato por 800 mil bolivianos. Por eso, fue acusado de Usurpación de Funciones y Conducta Antieconómica, cuyas penas son de cuatro y ocho años de prisión. Fue enviado a la cárcel de San Pedro por seis meses.

Víctor Hugo Chávez, docente y uno de los seis denunciantes, dijo que Mendoza contaba con la colaboración de más personas, como el director administrativo y financiero del CEUB y la jefatura de Recursos Humanos que se encargaban de darle la nominación de presídium del XIII Congreso y secretario general, cuando Mendoza no tenía el requisito de ser profesional. “Ellos tenían que hacer un informe y aclarar que no podían pagar a una persona que no cumplía los requisitos. Era una forma de controlar las actividades de los servidores públicos: el cumplimiento de la norma”, dijo.

Para el denunciante, Mendoza era el “mandamás” que imponía sus condiciones “incluso a los rectores”. “Mediante las FUL lograba que se apoyara a uno y otro candidato para ser rector. Montó una red. En Trinidad se descubrió que tenía un condominio en un lugar exclusivo”.

Origen del mal

Recursos Víctor Hugo Chávez, docente y uno de los denunciantes contra Max Mendoza, dijo que la angurria por llegar a las dirigencias estudiantiles comenzó en 2011. Ese año, el gobierno de Evo Morales aprobó un decreto por el cual se transfiere el 5% de las regalías del IDH a las universidades. “Este dinero era destinado a las dirigencias estudiantiles en becas, becas estudio, trabajos culturales y apoyo a la cultura”, indicó. En 2012 se amplió a un 10% incluyendo temas de deporte.

Acusación “Este dinero se gasta a manos llenas en las universidades y permite que estos dirigentes sean reelegidos de forma permanente en casi todas las universidades del sistema público”, aseguró.

Fuente: Pagina Siete

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