Revelan que el Gobierno suscribió contratos en inglés

Tras el estreno del documental El Robo, cuando las leyes se escribían en inglés, la oposición reveló que el Gobierno del presidente Evo Morales suscribió, desde 2006, varios contratos de préstamos, que fueron redactados en inglés.

Los opositores afirman que el MAS distorsiona la verdad al acuñar la frase “cuando las leyes se escribían en inglés”, con el fin de desprestigiar a los candidatos contrincantes de Morales y obtener réditos electorales. El oficialismo rechaza esas expresiones.

“Los contratos de préstamos, de inversiones o de aprovechamiento de recursos naturales vienen en inglés, la firma de estos (contratos en inglés) vino sucediendo con el MAS”, afirmó el senador y candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, quien agregó que para la cinta El Robo el Gobierno destinó recursos del Estado sólo con fines electorales.

La noche del lunes se estrenó ese documental. Esa producción audiovisual fue elaborada por la firma mexicana Neurona, por un costo de 783 mil bolivianos. La cinta, que se basó en las conclusiones de la Comisión de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de empresas públicas del país, cuenta sólo la versión del Gobierno.

La diputada Romina Pérez (MAS), miembro de la comisión legislativa, explicó que durante las pesquisas identificaron que “las leyes más importantes como de capitalización, de privatización, de hidrocarburos y de inversiones venían en inglés, a partir de un consenso en Washington”.

Para refutar esa conclusión, el senador Arturo Murillo exhibió dos contratos de préstamo, redactados en inglés, que suscribió el Ejecutivo. El primero refiere a un contrato de crédito con la China Eximbank por un monto de 411.000.000 yuanes, equivalentes a 60 millones de dólares, destinados a financiar el “Proyecto de Adquisiciones de Perforadoras” para YPFB.

Murillo explicó que el contrato, de 17 hojas y redactado en inglés, fue firmado en agosto de 2011, por la entonces ministra de Planificación, Viviana Caro, y el vicepresidente Mr. Zhu Xinqiang. El legislador también mostró el contrato de préstamo que suscribió el Gobierno con la china Eximbank en septiembre de 2007. En ese documento figura la firma del entonces ministro de Planificación, Gabriel Loza Tellería.

En criterio de Murillo, los contratos podrían haber sido redactados en español, al igual que los convenios marco que suscribieron el Gobierno y la República de China para viabilizar los préstamos con el Eximbank. Con ese antecedente, el legislador afirmó que estos contratos son las pruebas de que Ejecutivo sí firmó documentos en inglés.

La diputada Pérez sostuvo que “no se puede confundir”, porque los contratos y tratados vienen en tres idiomas: en inglés, francés y español. Además, la legisladora subrayó: “una cosa es cuando tú firmas convenios bilaterales, ya sea para tratados, contratos de préstamo, lógicamente un idioma importante es el inglés. Acá la diferencia es que ambos países concertan sobre la base de los planes de desarrollo, objetivos estratégicos. No se puede confundir a la opinión pública”.

En ese marco, la diputada del oficialismo sostuvo que en el denominado proceso de cambio “nunca se aprobaron leyes que vengan del extranjero, a diferencia de lo que hizo el neoliberalismo, cuando las más importantes venían en inglés”.

La legisladora agregó que “en el Estado Plurinacional hacemos las leyes, no nos mandan, porque hemos recuperado nuestra soberanía”.

Frente a esa declaración, Murillo instó al MAS a mostrar una ley aprobada en inglés. “Sería bueno que muestren una ley en inglés de otros gobiernos, los anexos de créditos son en inglés ahora y antes”, señaló.

En criterio de Ortiz, las acusaciones del Gobierno “tienen fines proselitistas” y sospecha que en la contratación para el documental El Robo hubo malversación de recursos públicos. “Aquí hay mal uso de los recursos del Estado. Esto es muestra de cómo son utilizados los recursos para financiar un acto proselitista”, manifestó.

Documental El Robo, cuando las leyes se escribían en inglés

La producción audiovisual, que elaboró la firma mexicana Neurona, se basa en la investigación que realizó la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas. En esa instancia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvo amplia mayoría.

La comisión determinó que la enajenación de empresas estatales se dio en siete mandatos presidenciales y que causó un daño de 21.000 millones de dólares. Esa instancia concluyó, además, que 55 personas formaron parte de una supuesta “red de enajenación”.

El filme El robo costó 783 mil bolivianos, los cuales fueron erogados por el Ministerio de Comunicación, mediante una adjudicación directa. El contrato para la producción fue firmado el 12 de junio de 2018, durante la gestión de la exministra Gisela López.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, sobre los contratos con Neurona, en una anterior oportunidad afirmó: “Está en investigación de la Contraloría, dejemos que termine”.

El senador Oscar Ortiz afirmó que hay malversación de recursos del Estado, pues el Gobierno adjudicó varios contratos a Neurona por invitación directa, vulnerando varias normas. “Aquí hay mal uso de los recursos del Estado. Ni siquiera se tomaron el trabajo de invitar a dos o tres proponentes”, manifestó el legislador.

Pagina Siete.