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UPRE se reestructura tras detectar anomalías en obras

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La nueva directora General de La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Emilia Yrigoyen, inició un proceso de reorganización, tras hallar presuntas “anomalías” en proyectos millonarios impulsados por el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.

“A la fecha nos encontramos reorganizando la UPRE y evaluando la información que se está recopilando, considerando que de enero a noviembre están en curso 1.600 proyectos, de los cuales debemos verificar la legalidad y el cumplimiento de requisitos”, informó a la ANF.

Asimismo anticipó que en varias de las obras que se ejecutan se encontraron problemas técnicos, legales y financieros, y que una vez homologada la información se pondrá a conocimiento de la instancia que corresponda.

La autoridad señaló que impulsa la reorganización, con el objetivo de transparentar la institución y frenar aquellas posibles acciones irregulares que se ejecutaban en la anterior gestión, para dar curso a cada proyecto.

Agregó que también están transparentando todas y cada una de las acciones de los funcionarios dependientes, y así demostrar que la actual gestión no permitirá ni tolerará ni un solo acto de corrupción.

El objetivo de la UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, es apoyar funcionalmente tanto en la parte técnica, logística y operativa a los proyectos especiales que el Presidente de la República llevará a cabo durante su gestión, señala en su página web.

Las denuncias

En agosto pasado, el entonces senador y actual ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, denunció que el gobierno del expresidente Evo Morales, a través de la UPRE, financió 40 procesos de adjudicación para la construcción de sedes sociales para las organizaciones sociales afines al MAS, por un costo de 104,9 millones de bolivianos.

En esa fecha, calificó como un nuevo “despilfarro de recursos y favorecimiento a aliados políticos, federaciones y sindicatos por favores políticos en contra de los intereses y bienestar del pueblo boliviano”.

El legislador basó su denuncia con información registrada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Entre ellos: la construcción de la sede social comunal de la central El Palmar en San Borja por un monto de 930.490 bolivianos; la sede de la Federación Departamental de Maestros Rurales, que tuvo un costo de 2.410.990 bolivianos; la sede de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minoristas, por 2.670.873 bolivianos, ambos en Pando, entre otros.

Tras el cuestionamiento, Núñez afirmó que se solicitó a la Contraloría que se audite esos 40 proyectos e incluso criticó que se despilfarre dinero público en sedes para “amigos” y no haya recursos para enfermos con cáncer.

Pagina Siete.

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