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Gobernador de La Paz pide por la abolición de la «Ley Maldita» de Evo Morales

  • Santos Quispe exige acciones drásticas contra las quemas que afectan al medio ambiente

En un llamado enérgico y directo, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, ha exigido a la Asamblea Legislativa Plurinacional la abolición de la polémica Ley 1171, promulgada por el expresidente Evo Morales en 2019. Quispe argumenta que esta legislación, que otorga a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) la autorización y fiscalización de las quemas, ha sido la causa directa de los recurrentes incendios que azotan los bosques de la región.

La ley, que contempla sanciones económicas calculadas en UFV por hectárea quemada, ha sido duramente criticada por el mandatario, quien sostiene que las penalidades actuales no son suficientes para disuadir a los responsables de los devastadores incendios. En este sentido, Quispe aboga por sanciones más severas, incluyendo penas de cárcel de cuatro o cinco años para aquellos que infrinjan la normativa.

«Queremos la abrogación de esta Ley Maldita. De una vez hay que matar esa ley, por eso queremos otra ley», declaró Quispe enfáticamente, subrayando la necesidad de una nueva legislación que permita a las entidades como la Gobernación canalizar sus recursos hacia proyectos en lugar de combatir incendios forestales anuales.

En cuanto a la actual situación en el departamento, el Gobernador descartó la declaración de desastre, argumentando que la capacidad de atención aún no ha sido rebasada. Confirmó que los esfuerzos se centran en sofocar los incendios en San Buenaventura y expresó su preocupación por el municipio de Ixiamas, al cual se comprometió a brindar todo el apoyo necesario.

Quispe agradeció el respaldo del Gobierno, destacando la colaboración mediante el despliegue de helicópteros, policía y bomberos para combatir los incendios, evitando la necesidad de declarar oficialmente el estado de desastre en la región. La urgencia, según el gobernador, es erradicar la amenaza de las llamas y trabajar hacia una legislación más efectiva que proteja los valiosos recursos naturales de La Paz.

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