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MAS mete proyecto de ley de amnistía para Evo y Álvaro e inmunidad a funcionarios designados

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La bancada del Movimiento Al Socialismo en el Senado metió sin consenso un proyecto de ley titulado “Ley Extraordinaria para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano”, por el cual plantea dar amnistía a favor del expresidente Evo Morales, exvicepresidente Álvaro García Linera, ministros de Estado, asambleístas del MAS por los actuales o futuros procesos penales que puedan ser objeto en instancias del Ministerio Público o la justicia ordinaria.

El proyecto de ley fue presentado por la senadora Sonia Chiri y leído inmediatamente después que fuera aprobada por unanimidad la Ley que anula las elecciones generales del pasado 20 de octubre y llama a nuevos comicios electorales, en el marco de un acuerdo destinado a pacificar el país.

Sin embargo tras su presentación, las bancadas opositoras de Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano rechazaron la propuesta señalando que esa actitud echa por tierra todos los intentos de pacificar el país.

La propuesta plantea reafirmar los contenidos en tratados internacionales y leyes nacionales en materia de derechos humanos y garantías constitucionales, en favor de los líderes, dirigentes sindicales, personas movilizadas y los ciudadanos Juan Evo Morales Aima, Álvaro García Linera, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento del gobierno del presidente Evo Morales.

El objeto también es “prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones y procesos judiciales” contra los masistas y plantea la aplicación obligatoria en todo el territorio nacional por parte de los cuatro órganos del Estado, instituciones, entidades, empresas públicas como privadas, y fundamentalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento.

Quieren que Evo Morales y Álvaro García Linera no sean ser procesados ni perseguidos o enjuiciados por ningún tribunal de la jurisdicción ordinaria por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, sin que exista autorización de la Asamblea Legislativa. Buscan que los órganos del Estado, Ministerio Público, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas garanticen que los asambleístas nacionales que no serán objeto de persecución judicial o acciones de hecho.

Al referirse a las personas detenidas, señala que el Ejecutivo solicite al Ministerio Público y al Órgano Judicial, la salida en libertad de las personas detenidas en las movilizaciones a partir de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Indica también que “el Órgano Judicial dispondrá la libertad de las personas detenidas en las movilizaciones llevadas adelante” desde las elecciones.

En cuanto a las personas fallecidas, dispone que el gobierno nacional indemnice a los familiares con fondos del Tesoro General del Estado y mediante decreto supremo se podría aplicar otras medidas de reparación integral. Asimismo sugiere que el gobierno se haga cargo de la atención médica de las personas heridas en las movilizaciones sociales desde el 10 de noviembre y que el Ministerio Público realice una investigación en coordinación con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a Asamblea Legislativa.

También pretenden que, dada la actual coyuntura de la nación, el Ejecutivo entregue de manera inmediata los salvoconductos que sean requeridos por el Estado que haya concedido diferentes formas de asilo a exautoridades, dirigentes y personas particulares, así como viabilizar su inmediata salida del país en apego a los convenios internacionales en materia de asilo.

Asimismo plantea que los cuatro órganos del Estado, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, garanticen el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales para los líderes sociales, dirigentes sindicales y personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional. Este beneficio se hace extensivo a los familiares de las autoridades electas y a las personas que se consideren perseguidas o amenazadas en sus bienes.

Igualmente proponen dar las más amplia libertad de expresión a todas las personas amenazadas y a los medios de prensa nacionales o extranjeras, los que no podrían ser controlados ni censurados por el Estado salvo lo previsto por ley, sin que por la difusión de videos de movilizaciones sean considerados ilícitos.

El senador Oscar Ortiz rechazó la propuesta porque considera que es dar inmunidad a personas que cometieron delitos y es un acto de injerencia contra los otros poderes públicos. Además es un reconocimiento que hay persecución política en el gobierno de la presidenta Jeanine Añez y se atribuye prerrogativas que la Constitución guarda solo para el Presidente del Estado.

Su colega Homer Menacho denunció como un intento de dar amnistía a todos los que cometieron delitos de sedición y terrorismo. “Esto es pedir impunidad para gente que hizo vandalismo y terrorismo como caso Senkata, a los vándalos que saquearon negocios y casas particulares.

La senadora Mirtha Arce del PDC dijo que la propuesta no estaba en la agenda de diálogo con el MAS y echa por tierra todos los intentos de pacificación del país y el buen clima de entendimiento que permitió aprobar la ley de convocatoria a elecciones nacionales.

La senador del MAS Adriana Salvatierra aclaró que este proyecto de ley “es para que no se sigan cometiendo excesos”, se exijan garantías para la libertad de la prensa, la abrogación del Decreto Supremo 3048 que protege a las Fuerzas Armadas por actos de violencia y que los militares vuelvan a los cuarteles.

El proyecto de ley generó una amplia polémica y hasta el inicio del presente despacho, el Senado se declaró en cuarto intermedio en procura de que el MAS logre el respaldo de los opositores.

Erbol

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