Falta de credibilidad en justicia deriva en linchamientos
El exdirector del Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, manifestó que se vive una especie de anomia expresada en una indefensión y desconfianza en instituciones como la Policía, la Fiscalía, la Justicia y el Órgano Ejecutivo, porque ninguno es creíble, por las innumerables denuncias que existen como el caso del bebé Alexander.
Tras los linchamientos registrados en los departamentos de Santa Cruz y Potosí, Llanos expresó: “Estamos en un estado de anomia, porque no hay autoridad creíble, por ello muchos deciden (por una justicia por mano propia), cuando son afectados en su propiedad. Cuando vejan a una niña, cuando alguien considera que se está queriendo cometer un ilícito, los vecinos se organizan y tocan pito (silbatos)”. Estas acciones están tipificadas en el Código Penal como muchedumbre criminal. “Entonces salen todos y golpean a una persona sin saber si es inocente o culpable”.
Esa conducta colectiva se presenta cuando “no sabemos a quién recurrir y por eso se están dando los linchamientos, la gente quiere resolver sus problemas por mano propia”, aseguró.
En criterio del abogado Milton Mendoza los linchamientos muestran una pérdida de valores porque la ciudadanía ya no cree en la justicia.
“Es un aplazo del sistema judicial porque los ciudadanos que tiene convencionalmente los tribunales o la forma para poder resolver los conflictos acuden a esa forma primitiva del derecho penal que es básicamente la justicia por mano propia”, aseveró.
Apuntó que ese tipo de actos van en desmedro de la sociedad civilizada porque se supondría que la justicia del más fuerte impera en el país. “Si no se da un cambio se podría generar un caos social y un estado de violencia”.
El jefe departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Jhonny Aguilera, aseguró que se deben respetar los canales respectivos para lograr justicia.
Explicó que en ningún tipo de situaciones pueden ser admitidos los ajusticiamientos. “En muchos casos los linchamientos son confundidos con justicia comunitaria. Hay muchos casos que no son denunciados debido a que se generan fundamentalmente en el área rural. Las áreas que mayormente han tenido este tipo de conflicto son las áreas vinculadas a la ciudad de El Alto y la zona rural de Santa Cruz. Las estadísticas permiten situar al país en un deshonroso segundo lugar a nivel de Latinoamérica”, aseguró. A su turno el subdirector de la Felcc, Fernando Rojas, aseguró que la esencia de la justicia comunitaria principalmente es sancionar. Tienen castigos comunales como hacer adobes u otra acción en favor de la comunidad y nada tiene que ver con los linchamientos que son tipificados como asesinato u homicidio.
El sociólogo Marcelo Fernández, especialista en justicia indígena originaria campesina, dijo que la misma nació con la intención de enderezar al que cometió un delito, no de matarlo, y el castigo se fijaba a través de asambleas donde había un debido proceso, y se fijaban sanciones comunitarias como la expulsión pero no el linchamiento”.
“Hay una estructura, no solamente resuelve los delitos que se cometen, sino va más allá. Sus atribuciones van al mundo espiritual porque creen que la justicia no solamente es de carne y hueso sino de alma y espíritu, por ello se hacen rituales para que se despache al espíritu de la maldad”, explicó.
Afirmó que lamentablemente el Estado no interviene como debiera hacerlo. Lamentó que los 1.082 jueces que administran la justicia, no tienen capacidad de atender los diferentes casos tanto civiles como penales.
Las personas “no encuentran justicia; estamos hablando de diez jueces por diez mil habitantes. Más aún si en las comunidades donde existen policías, donde existe la institucionalidad de la justicia indígena, originaria y campesina no coordinan, es peor”.
DATOS
En 2007 se registraron 57 linchamientos en el país, la mayoría en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
En 2012, la Felcc denunció que 11 policías perdieron la vida víctimas de linchamientos.
En 2013, Naciones Unidas señaló que Bolivia es el segundo país de América Latina donde hay más linchamientos, después de Guatemala.
En 2014, se registraron 35 ajusticiamientos, 10 de ellos terminaron con la muerte de las víctimas. Datos de la activista de Derechos Humanos, Verónica Sánchez.
El Diario