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Antilegitimación: ley amplía poder de acción de fiscales

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El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas ampliará el poder de acción de los fiscales que investiguen ese delito, para acceder a información, realizar allanamientos o rastrear bienes sin necesidad de orden judicial, sostienen legisladores de la oposición.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), en contraposición, aseguran que ese proyecto se enmarca en la Constitución Política del Estado y no vulnera derechos. Si bien se abren a modificarlo, indican que ello estará sujeto a una evaluación.

Según el artículo 31 del proyecto de ley, en casos de pesquisas de legitimación de ganancias ilícitas, el Ministerio Público, con el apoyo de los investigadores policiales, podrá, entre otras acciones: acceder a “toda” documentación e información física o informática, realizar búsquedas de personas, allanar lugares específicos, identificar a personas que controlan cuentas, rastrear bienes sin previo aviso al titular, y “todo acto necesario para la obtención de medios probatorios”.

“A una sospecha de la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) se activan las facultades de investigación y eso está en el artículo 31 del proyecto. Este artículo es el que le da el suprapoder para que, cuando haya una sospecha de cualquier persona, que crean que está cometiendo estos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, se activen esas facultades de investigación, y ahí ya se empieza a vulnerar los derechos y garantías constitucionales”, sostuvo el diputado Marcelo Pedraza, de Comunidad Ciudadana.

En la disposición adicional primera del proyecto de ley se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas “es autónomo, y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de proceso judicial o de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos de los cuales proceden los bienes o ganancias ilícitas”.

Pedraza sostuvo que con esa disposición “se está dando autonomía de investigación a estos delitos, en el marco del artículo 31, sin la necesidad de intervención de un juez, sin la necesidad de órdenes judiciales”.

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El legislador indicó que las garantías o derechos constitucionales que se vulnerarían con la puesta en marcha de esas disposiciones son: la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la defensa, el derecho a la privacidad, el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas y el derecho a la obtención lícita de la prueba.

Richard Ribera, diputado de Creemos, sostuvo que el proyecto de ley implica, en el fondo, un atentado a la democracia y que deja, además, en evidencia el “objetivo que tiene el MAS de acallar por la fuerza al boliviano que piensa diferente de ellos”.

“Prácticamente quieren coartar el derecho que tiene los bolivianos de poder hablar, porque esta ley deja prácticamente sin ningún tipo de protección a los bolivianos”, sostuvo el legislador.

Desde el MAS, la senadora Lindaura Rasguido sostuvo que “si hay que modificar (el proyecto), lo vamos a hacer, pero vamos a evaluar como bancada”. No obstante, la legisladora del oficialismo sostuvo que las personas que no incurrieron en irregularidades no tienen por qué preocuparse.

“Las personas que no van a hacer irregularidades no van a ser involucradas. ¿Por qué tendrían que preocuparse? Bueno, aquellos que van a estar en actos de corrupción, actos de terrorismo, sí, pero aquellas personas que no, no tienen por qué preocuparse”, manifestó la senadora del partido azul.

Sobre las distintas observaciones de las bancadas de oposición al proyecto de ley, Rasguido expresó: “La derecha y las minorías nunca han estado de acuerdo con una ley, jamás. En todo este tiempo que estoy en la Cámara de Senadores, nunca. No hay una ley que ellos hayan dicho ‘está muy bien’. Ellos siempre están observando y lo que nosotros queremos decir es: vamos a respetar la Constitución Política del Estado”.

Pagina Siete

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