DPLF ve en Bolivia tendencias que llevaron a la dictadura a Venezuela y Nicaragua

En la actual coyuntura de conflicto que vive Bolivia, se manifiestan tendencias que se registraron en Venezuela y Nicaragua en el pasado, las mismas que llevaron a ambos países a una dictadura, advirtió este lunes Ramiro Orias, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por su sigla en inglés).

Orias negó que el país actualmente viva situaciones similares a las situaciones internas de Venezuela y Nicaragua, donde prácticamente hay “dictaduras”, según definiciones que dieron diversas instancias internacionales.

No obstante, advirtió que “en la perspectiva histórica, esos dos gobiernos, hace 15 o 20 años atrás, empezaron con estas tendencias. Entonces, es preocupante que esto siga avanzando (en Bolivia) en una dirección de reducción del espacio democrático”.

El domingo, 36 organizaciones civiles identificaron al menos seis hechos de violación a los derechos humanos en Bolivia. El primero, el “hostigamiento y amedrentamiento” hacia la senadora Cecilia Requena (CC) por parte de mineros cooperativistas y ataques de desprestigio en contra de periodistas y de medios independientes.

También identificaron violaciones a los derechos humanos en mecanismos administrativos para tomar y subordinar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), en manifestaciones de cocaleros de Yungas, en el uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos violentos de civiles durante las movilizaciones de Santa Cruz por el Censo de Población y Vivienda y por “la participación de altas autoridades en acciones de grupos irregulares de choque, e infiltración de militares y policías en organizaciones civiles”.

Entre esas seis violaciones a los derechos humanos en Bolivia, resaltó Orias, se encuentra la participación de autoridades del gobierno y funcionarios públicos en los grupos de choque que se enfrentan con grupos que cuestionan al Gobierno.

Al respecto, explicó que se incumple el artículo 115 de la Constitución Política del Estado que prohíbe a autoridades nacionales y a servidores públicos a promover acciones de violencia en el país, ya que las mismas son sancionadas con su destitución.

“Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”, establece el artículo 115 de la Carta Magna.

Para este tipo de intervenciones de autoridades civiles que emiten órdenes a grupos policiales que reprimen las movilizaciones, Orias hizo notar que se tiende a incumplir los protocolos de actuación de la Policía ante manifestaciones, lo cual puede derivar en el uso excesivo de la fuerza del orden.

Uno de los últimos hechos que se registró es la participación directa del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en el levantamiento de bloqueos en la ciudad de Santa Cruz, durante el paro que exigía que el censo se postergue sólo hasta 2023 y no hasta 2024, como plantea el Gobierno.

Otro de los cuestionamientos de Orías es la participación de efectivos del Ejército, como infiltrados en manifestaciones de protesta, como el que se dio en una marcha de médicos, durante el mes pasado.

El uso de personal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas no es una vía democrática, sostuvo el experto de la DPLF, ya que ese personal debe actuar en conflictos internos sólo cuando la Policía haya sido rebasada.

“Parecería un patrón de conducción (del Gobierno) para enfrentar el conflicto político y eso puede reflejar que existe una política del Estado de promover la participación de agentes paraestatales en este tipo de acciones, sin dar lugar a las reglas que tienen que distinguir a las autoridades públicas”, declaró Orias.

Otro de los aspectos que hizo notar Orias es el hecho de que no hay una separación e independencia de poderes del Estado, un aspecto que fue recomendado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI). Añadió que se incumple la reforma judicial sugerida por el citado grupo.

En suma, advirtió que actualmente se considera que la ruptura del orden democrático actual ya no tiene que ver con los patrones de los años 70, cuando se registraban golpes militares clásicos, sino que ahora se dan con procesos de desmantelamiento gradual de las garantías democráticas, como los hechos que se registran actualmente en el país.

Ante esa situación, señaló que es importante que los actores civiles denuncien estas violaciones de derechos humanos no sólo en el país, sino también ante foros internacionales.
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