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Carlos Mesa plantea a Arce un acuerdo político para reformar la justicia en un corto plazo

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El presidente de Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, planteó al presidente Luis Arce Catacora un «Acuerdo Nacional de Paz y Reconciliación» sobre la base de las conclusiones y recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

«Comunidad Ciudadana propone que dicho Acuerdo sea suscrito por el Gobierno de Usted preside y por los tres partidos con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional: Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos» señala una parte de la carta enviada al Mandatario.

«Estoy convencido de que en el contexto de una situación tan compleja como la que atraviesa del país, de alta polarización y de grandes riesgos para el futuro, se nos presenta una gran oportunidad para encarar el desafío de investigar y juzgar a los responsables de los hechos luctuosos de octubre y noviembre de 2019, con un Ministerio Público y un Órgano Judicial independientes, imparciales e idóneos» remarca Mesa, quien presentó su propuesta en conferencia de prensa.

¿Qué dice el acuerdo?

El juzgamiento de los responsables de las muertes y violación de derechos humanos durante la crisis política de 2019 y la renovación de autoridades judiciales «deben concretarse en el más breve plazo posible (…) tomando como antecedente el Acuerdo unánime conseguido en noviembre y diciembre de 2019 por la Asamblea Legislativa» gracias al cual se eligieron a los miembros del Tribunal Supremo Electoral para viabilizar en tiempo récord la convocatoria a las elecciones de 2020, explicó Mesa.

La propuesta para reformar la justicia que plantea CC son las siguientes: juicio de responsabilidades contra el Fiscal General del Estado, Ley de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, designación por la Asamblea Legislativa de: Fiscal General y Fiscales Departamentales, reforma Constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial y derogación del Decreto Presidencial 4461.

Uno de los aspectos que motivó esta iniciativa y que se desprende del informe del GIEI, es que el sistema judicial ha perdido legitimidad y no es posible salir de la crisis política y social con un sistema de justicia colapsado, sin credibilidad y susceptible de ser manejado por el poder político, señaló Mesa.

“Mantener las cosas como están representa un riesgo latente para todos los bolivianos, pues la pérdida de legitimidad del órgano judicial puede llevar a una mayor polarización, conflictividad, precarización de la democracia y debilitamiento del sistema democrático”, advirtió el expresidente.

Afirmó que no se trata de una condicionante para evitar la aprobación de un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa sino de un acuerdo que ponga en marcha las recomendaciones realizadas por el GIEI ante las graves violaciones a los derechos humanos durante la última etapa del gobierno de Evo Morales y los primeros dias del gobierno de Jeanine Añez.

Fuente: Brújula Digital

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