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Ropavejeros buscan legalizar su actividad y hasta emitir factura

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Los comerciantes de prendería y ropa usada retomaron sus movilizaciones en al menos cinco capitales de departamento, en busca de legalizar su actividad y frenar los decomisos de su mercadería. Para ello están dispuestos a emitir factura y carnetizarse.

Los comerciantes de la “ropa americana” demandan la modificación del Decreto Supremo 28761, de 2006, que prohíbe la importación de prendas de segunda mano y faculta a la Aduana Nacional de Bolivia y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando a decomisar o destruir ese tipo de mercadería.

“Nosotros pedimos reunirnos con el Presidente para plantear nuestras demandas que son que se respete a nuestro sector, se deje de perseguir nuestra actividad, pero también que se proceda con una carnetización para dejar de crecer y que se nos deje pagar impuestos”, explicó el secretario ejecutivo de los vendedores de prendería usada de La Paz, Simeón Rondón.

El dirigente indicó que su sector solicitó al Gobierno que se reglamente la venta de ropa usada y se carnetice a los comerciantes para controlar el crecimiento del sector, ya que en la actualidad existen al menos 250 mil vendedores que se dedican a la comercialización de ropa usada.

“Nosotros hemos pedido la carnetización, ya que como sector queremos controlar cuántos somos. Ahora hay al menos 250 mil familias que nos dedicamos a esto y entendemos que no podemos seguir creciendo, por eso pedimos que se nos tome en cuenta”, explicó Rondón.

Facturación

Una de las demandas más importantes del sector es que se les permita emitir facturas por las prendas que venden en los distintos mercados del país.

“Nosotros estamos dispuestos a pagar impuestos por nuestra actividad, no queremos ser un sector que no aporte al desarrollo del país” indicó Rondón.

El secretario de Relaciones de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Elvis Mamani, manifestó que su sector se encuentra en estado de emergencia por los pedidos de los ropavejeros.

“Ellos dicen que quieren tributar, pero autorizando eso el Gobierno lo que estaría haciendo es darles legalidad y eso no puede ser”, reclamó.

Sobre esta posibilidad, la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, indicó que ese tema debe ser estudiado por el Ministerio de Economía; sin embargo, adelantó que es poco probable que el pedido sea tomado en cuenta, ya que la propuesta es simplemente un intento de confundir a la población.

“Ellos hacen estas propuestas de políticas para confundir a la población. Ellos ahora quieren tributar, pero la venta de ropa usada es una actividad que va en contra de la industria nacional, aquí se trata de defender la producción boliviana”, señaló.

Hace unos días, la autoridad firmó un convenio con los dirigentes nacionales del sector, por medio del cual se acordó trabajar para identificar acciones que permitan la conversión del sector a otra actividad productiva.

Sifuentes agregó que se comprometió a que una comisión nacional controle la proliferación de ropa usada en el mercado nacional, de manera que advirtió que esos convenios con el sector no se estarían cumpliendo.

La ministra recordó que en años anteriores se entregó al sector de la ropa usada hasta 10.000 dólares por comerciante, a manera de crédito para que se inicie la conversión de su actividad a una productiva, pero señaló que ese monto fue usado para fortalecer su “rubro ilícito” en contra de la producción nacional.

En ese sentido, el presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Oruro, Teodoro Chambi, denunció que la comercialización de la prendería de segunda mano está convirtiendo a Bolivia en un “país basurero”.

“La prendería usada entra vía contrabando, no hay otro medio, es ilegal. No sólo entra ropa usada, sino juguetes usados y herramientas, convirtiendo a nuestro país en destino final de mercancía chatarra, convirtiéndonos en un país basurero”, afirmó.

Chambi hizo esas aseveraciones frente al pedido de miles de comerciantes del país, que exigen legalizar la venta de la prendería usada, quienes la semana pasada protagonizaron movilizaciones como el bloqueo nacional de carreteras, además del cerco al centro de La Paz.

El sector en conflicto anunció ayer otras medidas de presión para que el Gobierno atienda su pliego de solicitudes.

El dirigente afirmó que la venta de ropa usada genera el “estrangulamiento” masivo de la industria textil, que provoca el cierre de microempresas y unidades productivas de este rubro.

El daño económico y los operativos

Afectación En 2017, el entonces presidente de la Cámara de Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, denunció que la venta de ropa usada en los mercados genera pérdidas económicas de hasta 40 millones de dólares al año para las empresas textiles. Según la información de Fernández, se calcula que en promedio, 8.000 toneladas de ropa usada ingresan al país al año.
Controles El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, indicó que hasta fin de año se espera acabar con la internación de ropa usada al país. Hasta marzo pasado, la autoridad indicó que el ingreso de este tipo de mercadería se había reducido en un 60% . Página Siete buscó una actualización de esta información, pero la autoridad estaba en reuniones.

Pagina Siete.

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