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La Fiscalía deja 8 citaciones y evalúa llamar a Camacho

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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz allanó ayer las oficinas de la Gobernación, secuestró equipos y dejó ocho citaciones para que los funcionarios vayan a declarar por el caso de la aprobación del polémico Decreto 373. Las autoridades evalúan citar al gobernador Luis Fernando Camacho.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), que impulsa la denuncia, exigen que se convoque a declarar a Camacho, pero el Ministerio Público señaló que aún no fue citado.

“El señor Gobernador todavía no ha sido citado, no hay fecha (…) El delito que se está investigando es incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley”, informó la fiscal Rosmery Barrientos.

El caso surgió por el Decreto 373, presuntamente aprobado por Camacho, mediante el cual el secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, quedaba al frente mientras Camacho viajó a Brasil. Quien debía asumir el cargo era el vicegobernador, Mario Aguilera.

El hecho derivó en una denuncia contra Camacho por parte del asambleísta departamental Clemente Ramos, del MAS, quien acusa al primero por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.

Luego exigió que el Ministerio Público convoque a declarar a la primera autoridad cruceña.

“Nosotros vamos a hacer el seguimiento a este proceso de fiscalización por una serie de delitos que ha cometido Camacho y también vamos a pedir al Ministerio Público que lo convoque para que pueda comparecer”, sostuvo Ramos ayer.

El allanamiento de las oficinas de la Gobernación empezó aproximadamente a las 11:00 y duró hasta las 17:00, tiempo en el que la comisión de fiscales ordenó el secuestro de varias computadoras, celulares y documentación, material que será sometido a estudios periciales.

Por su lado lado, el gobernador Camacho, a su retorno a Bolivia, explicó que en una primera instancia “se firmó” ese decreto mediante el cual se delegó al secretario Navarro la administración de la Gobernación, mientras el vicegobernador Aguilera debía cumplir una agenda pendiente en provincias. Sin embargo, la norma se dejó sin efecto.

“Se decidió dejar en una primera instancia al secretario de Coordinación Institucional algunas facultades para que no se frene la gestión, pero decidimos que el decreto (373) no iba (…) no entró en vigencia, se instruyó que no iba”, insistió Camacho.

No obstante, ese decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Gobernación. Ante ello, Camacho indicó que se inició un proceso y una investigación para saber quién publicó la norma después de ser anulada.

Fuente: Pagina Siete

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