Detención domiciliaria sin salida laboral deja en la pobreza a cocalera Rosalba Vargas

César Apaza y Rosalba Vargas fueron electos como presidente y vicepresidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca; hoy la institución los olvidó y no los apoya pese a las dificultades que tienen.

La segunda al mando del Comité de autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Rosalba Vargas, se encuentra sumida en la pobreza debido a la detención domiciliaria sin derecho a salidas laborales que le fue dictaminada en diciembre del pasado año.

“Las acusaciones que está viviendo mi persona lo sufren mis hijos. Tengo que decirles a ellos que tienen que ir a vender rellenitos, vender frescos para mis pasajes, porque tengo que salir a marcar cada lunes (a la Fiscalía), no me dan acceso al trabajo, estamos peor con lo que han empezado las clases, yo soy responsable de mis hijos”, dijo Vargas a la ANF al relatar la situación en la que se encuentra.

En agosto de 2022, los cocaleros conformaron un Comité de Autodefensa para obligar a cerrar el mercado ilegal de coca de Arnold Alanes, César Apaza fue elegido presidente y Rosalba Vargas como vicepresidente, ambos lograron el respaldo de todas sus bases. Sin embargo, en septiembre, luego de la quema del mercado de Alanes, Apaza y Vargas fueron perseguidos y detenidos, hoy Apaza se debate entre la vida y la muerte, mientras que Rosalba Vargas sobrevive como puede en su pueblo.

“Acaba de llegar a mi hija, se ha perdido 11 horas trabajando y ha traído 80 bolivianos, 10 horas ha tenido que cosechar. La anterior semana era lluvia y mis hijas tuvieron que volverse y me dijeron que sólo cosecharon 8 libras (de coca), la libra les paga a tres bolivianos, a tres bolivianos, bien mojadas”, relató Vargas a punto de sollozar.

La exdirigente tiene que viajar desde Irupana hasta La Paz, cada lunes, a firmar el libro de la Fiscalía. Debe viajar toda la noche y rogar al conductor quedarse en el bus hasta que amanezca y bajar a la Fiscalía a firmar su asistencia. Luego, inmediatamente debe retornar a su pueblo y, para no gastar dinero, toma el primer vehículo que salga de Villa Fátima.

No tiene abogado para tramitar alguna facilidad que la deje en su región, ya no tiene cocal porque no puede salir a mantener el terreno, sus hijas requieren material escolar para encarar sus estudios, pero no tienen recursos y reciben colaboración de sus propios paisanos.

La diezmada dirigencia de Adepcoca no la colabora, ella recordó que cuando fue detenida pidió a sus hijas que fueran a pedir apoyo a la dirigencia y estos le enviaron Bs 400 para que contrate un abogado.

“Algunos me dicen: ‘para qué te has metido’. Pero la mayoría me apoya: ‘estás pasando momentos graves, hay que dejar al tiempo’, me dicen. Estamos fuertes, los yungueños somos fuertes, eso es lo que incomoda al Gobierno, de que nosotros seamos resistentes y vamos a estar al pie de la lucha por nuestra producción de coca, si no de qué vamos a comer nosotros”, sostuvo Vargas.

Desde el 25 de enero se desarrolla una campaña ciudadana para cambiar la administración de la justicia boliviana. El principal objetivo es que se pueda instaurar un nuevo método de selección de jueces que garantice independencia y probidad en sus actuados. Para lograr ese propósito, se necesitan 1.500.000 firmas de toda la población boliviana.

Los ciudadanos pueden firmar los libros que se encuentran distribuidos en distintos puntos del país.

Fuente: ANF

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