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El Alto: obligan a marchar bajo el control de libretas escolares y servicios básicos

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“La multa normal es 30 bolivianos, pero esa vez era 100 bolivianos”. Así, Verónica recordó la jornada del 14 de febrero del año 2016, cuando fue obligada a marchar por la junta de padres de familia del colegio donde estudiaba su hijo en la ciudad de El Alto. La protesta concluyó en la quema de la Alcaldía y dejó seis muertos.

En El Alto varios padres de familia, vecinos y gremiales contaron que en muchos casos son obligados a marchar bajo el control de la entrega de libretas escolares y el acceso a los servicios básicos.

“Si uno no cumple, a fin de año no te dan la libreta escolar”, indicó Verónica.

Denunciaron también que hay dirigentes que imponen castigos a los afiliados, hacen cobros ilegales y no rinden cuentas; además, muchos se quedan en los cargos hasta por 15 años. En el caso de los barrios alejados, los dirigentes dan el visto bueno para las conexiones.

Según la concejala de El Alto Rebeca Cruz, las juntas, en especial de las organizadas por los vecinos, deben trabajar en el control social, la vigilancia de las obras y el reclamo de las demandas. Pero -explicó Cruz- algunos dirigentes han establecido una suerte de dictadura porque no realizan la rotación de cargos e imponen fuertes multas a costa de los derechos de los ciudadanos.

La libreta escolar

Verónica es madre de familia de un colegio que se encuentra cerca de la zona El Paraíso. “Ahí las juntas escolares son muy activas”, dijo y explicó que los dirigentes controlan las inscripciones de los estudiantes.

Según la vecina, el colegio es de convenio y la directiva recibe aportes obligatorios, pero desde hace un par de años no hace rendiciones de cuentas.

En las unidades educativas fiscales y de convenio, las juntas escolares se encargan de ver las necesidades de los niños. Para Marco Vera, director de Educación de El Alto, las federaciones ayudan a la gestión porque informan sobre las obras o trámites; además, controlan las necesidades que se tienen en las más de 400 unidades.

“Como trabajo y soy mamá soltera, no puedo asistir a los trabajos comunitarios que dependen de la antigüedad. Si eres mamá nueva (kínder, primero y segundo básico), para el próximo año tienes que hacer ocho trabajos comunitarios. La multa por la inasistencia es de 30 bolivianos y por asamblea es de 50”, dijo Verónica.

Recordó que la marcha que concluyó con la quema de la Alcaldía fue organizada porque supuestamente faltaban obras en las escuelas de la urbe.

Además de la cartilla con los sellos de asistencia a las marchas y las protestas, los padres de familia pagan 20 bolivianos por cada acto cívico y los padres deben participar en todos los actos. “Si uno no asiste, la multa es de 25 bolivianos”, dijo. “Si tienes la tarjeta vacía te toca regularizar las cuentas. Si no llegas a cancelar las multas ya no puedes inscribir a tu hijo al siguiente año. Esa es una sanción, pero además en el colegio no te entregan la libreta escolar”, reveló.

En coordinación con la dirección, la junta escolar da el visto bueno para la entrega de libretas a los padres de familia.

Ante estas denuncias, Vera sostuvo que el Ministerio de Educación o las direcciones distritales deben regularizar las situaciones.

Manejos de servicios básicos

Según las denuncias, las dirigencias utilizan el acceso a los servicios básicos para exigir que los vecinos asistan a las marchas y las movilizaciones.

En los distritos alejados de la urbe donde aún no hay agua y luz, los dirigentes acompañan a los funcionarios de las empresas de agua y luz para aprobar o no las conexiones.

La situación era peor en años anteriores. “Antes, para sacar una planimetría, la junta tenía que pagar un monto por vecino a la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales). Eso es violar un derecho establecido en la Constitución”, explicó Rebeca Cruz.

“En las zonas alejadas hay manipulación de compañeros vecinos. Les dicen ‘tenemos que bajar a tal persona, tenemos que marchar, caso contrario habrá multas’. Los que más necesitan son los que más sacan (dinero)”, afirmó la concejala.

Una de las irregularidades que encontró Cruz, cuando dirigió la Comisión de Infraestructura Pública y Control Ambiental, fueron las planimetrías. “Cuando estaba en la comisión de Cipca había una ley que ponía una traba y exigía la firma de la Fejuve para la entrega de la planimetría. Y la (dirigencia) cobraba un monto por vecinos. Hay que destacar que la planimetría permite el acceso a luz y agua, es lo básico para hacer trámites. Nuestra Constitución dice vivir dignamente, pero eso no era vivir dignamente”, lamentó.

La Fejuve aclaró que los deberes de las juntas son importantes para el desarrollo de la zona. “El presidente es elegido por méritos, para que pueda trabajar en función de la Constitución Política del Estado. Sus atribuciones son varias, tiene la responsabilidad de llamar a reuniones, velar por el desarrollo de la urbanización”, dijo Néstor Yujra, presidente de una de las Fejuve de El Alto.

No hay rendición de cuentas

Otra madre contó que cuando reclaman una rendición de cuentas o se cuestiona sobre alguna actividad, los dirigentes se enojan. “La mayoría de los padres de familia se quedan callados. En mi colegio no hay un reglamento para cambiar a las juntas”, dijo.

Lucy, otra madre, contó que en el colegio donde estudian sus hijas, el presidente de la junta se mantiene desde hace 15 años.

El poder de los gremiales

“Había dirigencias que cambiaban a su gusto y sin consultar el nombre de los propietarios”, contó Luis Terceros, director de la unidad de ferias y mercados de El Alto. Para el funcionario, este sector es uno de los más complejos de la ciudad.

De acuerdo con Terceros, en la ciudad de El Alto hay un monopolio respecto al tema gremial y poco a poco la Alcaldía descubrió muchos casos de maltrato. “Hay siete federaciones, excepto una o dos que son radicales”, contó.

Hay asociaciones que fuera de la normativa exigen montos de dinero, pero también hay dirigencias que trabajan de acuerdo con las normas, explicó.

Según Terceros, el cambio de nombre de los dueños de puestos de ventas que realiza la dirigencia es uno de los actos más irregulares que realizan los dirigentes contra las bases. “Hay un porcentaje del 15 o 20%, cuando llegué el año pasado vi ese problema. Muchas asociaciones y dirigentes realizaban cambio de nombre en recaudaciones, es decir sin avisar. (Entonces) las bases seguían en su puesto, pero el lugar ya estaba a nombre de otra persona. Lo cambiaban por no pagar la multa o por no asistir”, expuso.

Abigail es una comerciante que atiende su puesto de venta los jueves y domingos, en la Feria 16 de Julio. Contó que cada asociación tiene su propio reglamento interno. “Depende de las asociaciones. En mi caso no te obligan, las multas no son altas, lo máximo que pagan son 50 bolivianos y te quitan el puesto si no sales por tres meses de manera consecutiva”, contó.

Hay dos sindicatos vitalicios de choferes

El director de la Secretaría Municipal de Transportes, Fernando Flores, contó que en la ciudad de El Alto hay 56 sindicatos de transporte urbano. Estos sectores están afiliados a la Federación Andina de Choferes y de Transporte de El Alto.

“De los sindicatos que existen, hay dos o tres que se han quedado en sus cargos, son vitalicios. Los demás, que son 80 u 85%, sí hacen sus elecciones”, sostuvo.

Recordó el caso de la Federación Andina de Choferes que recibió denuncias por ratificarse en diversas gestiones. Por ejemplo, el 4 de abril de este año se registró un enfrentamiento entre los miembros de la Federación Andina y choferes del sindicato Eduardo Avaroa. En la ocasión el segundo pidió que el primero rinda cuentas del dinero recaudado en el peaje La Paz-El Alto.

El último conflicto protagonizado por el sector transporte fue en agosto por las rutas de los buses PumaKatari.

Según Flores, cada gestión es de dos años y hay dirigentes que iniciaron una especie de “carrera sindical” empezando a ser parte de la Confederación Única de Transporte y la Federación Andina.

Los mayores conflictos que enfrentan los choferes de la ciudad son denuncias de avasallamientos, quejas de los vecinos por el mal servicio y el constante pedido del aumento de la tarifa.

“El tema de transporte es complejo en la ciudad. Algunos choferes reclaman que la tarifa es más barata. Ellos hacen notar muchos aspectos, pero tratamos de contener”, explicó.

Fejuve: Dirigentes no pueden prohibir acceso a servicios básicos

Néstor Yujra, presidente de una de las Fejuve de El Alto, dijo que las directivas no pueden prohibir los servicios básicos porque son derechos humanos. Aseguró que las personas que incumplen este tema se someten a la comisión de honor de la federación.

Explicó que hay proyectos que son totalmente pagados por el Estado, también hay otras obras que deben tener contraparte de los vecinos.

“Cuando hay un proyecto que está financiado totalmente, el dirigente no puede coartar el derecho humano. Son muchos temas internos que se establecen en un acta para hacer la vida organizada como corresponde. Algunos distritos hacen este tipo de acciones, pero no están autorizados”, informó.

Yujra contó además que hay dirigentes suspendidos y expulsados por anormalidades que se cometieron. Solicitó que si los vecinos ven este tipo de anormalidades, presenten sus denuncias a la Fejuve para que los dirigentes sean sancionados.

“Han sido más de 10 presidentes suspendidos y cinco expulsados, entre ellos está Raúl Canaza. Ha incurrido en actos denunciados por sus mismos vecinos. Ahora el tribunal de honor está revisando otros procesos”, dijo.

“Ayúdennos, por favor”, el pedido de los gremiales a la Alcaldesa

La alcaldesa alteña, Soledad Chapetón, no olvida el día cuando una gremial se acercó y le susurró al oído: “Ayúdennos, por favor”. “No pedía licencias u otros beneficios, sólo garantías para trabajar. En esta urbe el 80% de la población se dedica al comercio”, comentó.

La concejala Rebeca Cruz conoce muy bien la situación de los gremiales. Ella forma parte de este sector y vende plantillas para zapatos en la Feria 16 de Julio. Alguna vez ella fue parte de la mesa directiva de los “ambulantes”. “Hay sanciones. Si uno no sale por mucho tiempo o si hay peleas”, comentó.

En febrero de 2016, aunque el conflicto se inició con una protesta escolar, uno de los principales acusados fue el dirigente gremial Braulio Rocha. Desde el año 2003, el dirigente arrastraba procesos por ataques a otros, de ejercer violencia política a sus adversarios sindicales.

Según Luis Terceros, director de la unidad de ferias y mercados de El Alto, los gremiales incumplen las normativas en tema de espacios y cantidad de afiliados.

Por ejemplo, los ambulantes deben pagar un monto a la dirigencia. Mientras que las juntas escolares autorizan asentamientos en las escuelas de manera adversaria.

Pagina Siete.

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