La minería ilegal en Parque Madidi es un tema inocultable
Tras la determinación judicial de postergar el fallo relacionado a la Acción Popular planteada por parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) para detener la actividad minera ilegal en la zona del Parque Nacional Madidi hasta desempatar el fallo, convocando un vocal dirimidor, la senadora Cecilia Requena Zárate, afirmó que la gravedad de este problema hace que sea inocultable para el Gobierno y los grandes intereses mineros.
“Es tan inocultable el problema de la minería ilegal en el Madidi, que a pesar de las todas las ventajas a favor del Gobierno y de poderosos intereses mineros, tampoco se cerró el caso de la Acción Popular”, expresó Requena a través de sus redes sociales.
A criterio de Requena, los argumentos presentados por instancias de Gobierno “se lavaron las manos” y negaron el problema, entrando en contradicciones para finalmente cargar todo el peso de la prueba en terceros. “Existen pruebas de envenenamiento por mercurio gracias al trabajo de la sociedad civil, pero nos pidieron más estudios a nosotras como senadoras”, cuestionó.
La legisladora, además, reprochó que intereses mineros hayan asistido a la audiencia de Acción Popular, convenientemente presentados como campesinos, para intentar amedrentar a los legisladores accionantes recurriendo a la confrontación y el odio.
“Apostaron gente ante el Juzgado con detonaciones de petardos que, a menudo, impedían escuchar lo que se decía en la sala y con particular intensidad cuando se expresaba la parte accionante”, sostuvo.
Estos cuestionamientos se dan tras la audiencia de Acción Popular, instalada el pasado viernes por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, misma que no logró emitir un fallo por unanimidad, ante el empate en las posturas de los vocales que lo componen.
En esta acción se demanda el cumplimiento de deberes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Minería y Metalurgia y sus respectivas instancias clave, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas – Bolivia para que se eviten más daños irreversibles en la zona.
El Diario